Tal vez crea estimado lector, que con el título me refiero a los funcionarios estatales que propuso para Magistrados el titular del ejecutivo al Congreso hace apenas unos días que, por cierto, fueron autorizados por el Legislativo inmediatamente.
Pero no, me refiero al Tribunal que supuestamente tiene como función esencial vigilar la legalidad de los actos de la administración pública estatal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas (TJA).
Y es que, como dije, este Tribunal, es en teoría el encargado de supervisar que las dependencias del gobierno del estado observen la ley en sus actos.
Sin embargo, como saben, mi madre, la Lic. Aliyán impugnó ante dicho Tribunal el despojo ilegítimo de su Notaría fraguado desde la Secretaría General de Gobierno el 30 de noviembre del año pasado, como represalia política a mis posturas en el Cabildo victorense.
Y vergonzosamente, el Magistrado Andrés González Galván a pesar de estar impedido para conocer del juicio pues tiene una relación de amistad estrecha con la hasta hace algunos días subsecretaria de legalidad y asuntos gubernamentales Gloria Elena Garza Jiménez, quien acudió en representación del Gobierno del Estado, optó por continuar con la tramitación del juicio violentando en perjuicio de mi madre, la Lic. Manuelita Aliyán el artículo 17 constitucional, que tutela el derecho humano de acceso a la justicia.
Pues no olvidemos que en el Estado Mexicano y prácticamente en cualquiera medianamente civilizado toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e IMPARCIAL.
Así, la imparcialidad de los Tribunales constituye uno de los fundamentos más elementales de este derecho humano de acceso a la justicia, porque asumir que los tribunales carezcan de imparcialidad implicaría caer en la arbitrariedad y permitir que las autoridades influyan en el ánimo al resolver el caso planteado por el justiciable.
De ahí la importancia de que no pueda conocer de un asunto aquél Magistrado que goce de una amistad pública con una de las partes, tal como lo dispone expresamente el artículo 16, fracción IV de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, el cual fue inobservado por el Magistrado González Galván, ya que al advertir que quien comparecía por el gobierno del estado en contra de mi madre, era su amiga, optó por seguir conociendo del caso en vez de excusarse como lo obliga la legislación.
Esto además, de otorgar plazos menores a los contemplados por la ley a la Lic. Aliyán para formular su defensa.
Este jueves se resolverá por el Pleno del Tribunal la denuncia que hizo la Lic Aliyán sobre el impedimento del Magistrado para conocer del asunto, a quien, casualmente, le fue otorgada una “licencia” para que se ausentara ese día.
No cabe duda: el Tribunal vergonzosamente está al servicio del Ejecutivo.