La división de poderes es uno de los principios fundamentales de las democracias modernas, surgido tras el declive de las monarquías absolutas y el surgimiento de los Estados modernos. Este concepto es clave para evitar los abusos de poder y para garantizar un equilibrio en el ejercicio de la autoridad. En una época en la que el poder residía exclusivamente en manos de los monarcas, surgió la necesidad de un sistema en el que las funciones del Estado se dividieran entre distintas instituciones, dando lugar a lo que conocemos hoy como el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

El filósofo francés Montesquieu fue quien, en su obra El espíritu de las leyes (1748), dio forma teórica a este concepto, argumentando que, para evitar el despotismo, el poder no debía concentrarse en una sola entidad. Los poderes debían ser independientes entre sí para que pudieran controlarse y equilibrarse mutuamente. Esta idea resultó revolucionaria en su época, marcando un antes y un después en la historia de las instituciones políticas.

El propósito de esta división no era, ni es, que los poderes se subordinen unos a otros, sino que se revisen mutuamente. Cada uno tiene su esfera de acción, pero a la vez actúan como frenos y contrapesos para los demás. Por ejemplo, el poder legislativo crea las leyes, pero el ejecutivo las aplica y, en caso de conflictos, el judicial las interpreta. Ninguno de estos poderes tiene supremacía absoluta sobre los demás, lo que garantiza que las decisiones del Estado se tomen en un marco de equidad y responsabilidad.

Este equilibrio es vital para el buen funcionamiento de una democracia, pues si uno de los poderes intentara someter a los otros, el sistema se inclinaría hacia el autoritarismo. En los sistemas contemporáneos, esta revisión mutua está consagrada en las constituciones, que establecen los mecanismos mediante los cuales un poder puede frenar o corregir los excesos de los otros. El ejecutivo, por ejemplo, puede vetar una ley, pero el legislativo tiene la facultad de revertir ese veto, y las acciones del ejecutivo pueden ser declaradas inconstitucionales por el judicial.

Este principio de revisión recíproca es, a menudo, malinterpretado como una confrontación entre poderes, cuando en realidad es un proceso de supervisión y control para garantizar que cada uno de ellos actúe en el marco de la ley y no se extralimite en sus funciones. En democracias saludables, los tres poderes deben coexistir en una especie de tensión creativa, donde cada uno se asegura de que los otros no abusen de su autoridad. El resultado final es un sistema que no solo protege los derechos de los ciudadanos, sino que también asegura que el poder político no se concentre en un solo actor.