Ante las desapariciones forzadas, un gobierno eficiente derivado de un Estado de Derecho se obliga a recuperar desaparecidos, encontrar responsables, someterlos a proceso judicial eficiente, que evite impunidad y erradicar la desaparición forzada, como principales y prontas medidas de ejemplo de respuesta a la sociedad, aunque en México las acciones no dan resultados ni para localizar ni para evitar.
La comparecencia de México ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF), ONU que da seguimiento a recomendaciones emitidas en 2022 se dio con malas cuentas. En Ginebra, los expertos de la ONU reiteraron su preocupación por el aumento de personas desaparecidas en México con más de 111 mil, y porque, “a pesar de los esfuerzos”, no se logra revertir la crisis. Advirtieron que se mantiene un alto índice de impunidad en las investigaciones.
La representación mexicana defendió que, desde la visita del Comité al país, en noviembre 2021, ha habido lo que citan, “avances claves” a nivel normativo, en la coordinación entre instituciones, acceso a la justicia, presupuesto y construcción de centros de identificación humana; y se trabaja en la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El relator del CDF, Horacio Ravenna señaló la falta de política nacional de prevención y erradicación de este flagelo. Sobre la crisis forense, lamentó que a pesar de que se reconoce más de 52 mil cuerpos sin identificar, los esfuerzos del gobierno “no dan resultados, no entendemos por qué, qué es lo que está pasando”.
El relator Juan Pablo Alban se refirió al índice de impunidad que en 2021 llegaba a 99% en las entidades federativas. Según sus datos el grueso de las deficiencias en materia de investigación y justicia se registra a nivel de fiscalías. Los expertos externaron su interés por saber qué acciones lleva a cabo el Estado para garantizar la seguridad de los funcionarios en riesgo por su labor en los trabajos de búsqueda, sobre las investigaciones de las comisiones para la verdad sobre la guerra sucia y el caso Ayotzinapa, al igual que sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, resaltó que, de febrero 2019 a septiembre 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda, en coordinación con autoridades de diferentes órdenes de gobierno y familiares de víctimas, han implementado 4 mil 465 jornadas de búsqueda en campo en 30 entidades federativas sin explicar cómo se eligieron las áreas y sin citar resultados.
Los muertos por decisiones de política no importan, no cuentan. Violencia, atención del sistema de salud a Covid, ausencia de vacunas, etc. Cuentas sin aclarar, divisa de un sexenio que se acaba sin aclarar.