Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado claro al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para reiterar que no se deben cobrar colegiaturas ni cuotas en las escuelas públicas, el mensaje parece incuestionable: la educación básica en México es un derecho garantizado por la Constitución, y debe ser gratuita, laica y obligatoria.

Pero entre el ideal legal y la realidad cotidiana hay un abismo que nadie en el poder parece querer mirar de frente.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 contempla 1 billón 161 mil millones de pesos para educación, ciencia y cultura (12.5 % del gasto federal total), pero eso equivale al apenas 3.2 % del PIB, por debajo del rango recomendado de 4 % a 6 % para una educación de calidad.

La situación se agrava cuando vemos que solo 64.8 % de las escuelas públicas de nivel básico y medio superior cuentan con servicios básicos adecuados: agua potable, electricidad, sanitarios funcionales, además, se requieren 46,551 millones de pesos anuales solo para mantenimiento básico de todas las escuelas públicas, lo que equivale a 226 mil pesos por escuela, o 1,800 pesos por alumno al año, sin considerar el equipo tecnológico, agua o electricidad.

En muchas escuelas, no hay recursos para comprar pintura, tintas para la impresora, focos, material para limpieza, hojas, plumas, ni siquiera para arreglar una fuga de agua o reponer un vidrio roto, los aires acondicionados —tan indispensables en entidades como Tamaulipas— permanecen apagados o descompuestos por meses ante la falta de presupuesto, los techos filtran agua en temporada de lluvias porque no hay dinero para impermeabilizar.

Como docente en Tamaulipas, puedo decirlo con convicción: sin las “cuotas voluntarias”, muchas escuelas colapsarían, estas aportaciones pagadas por madres, padres, tutores y en algunos casos por maestras y maestros permiten cubrir lo elemental.

Y aquí surge la contradicción: la SEP prohíbe las cuotas, pero no dota de recursos suficientes. Entonces, ¿de qué manera se supone que operen las escuelas?

Las asociaciones de padres y los directivos hacen malabares cada ciclo escolar para sacar adelante actividades básicas que el Estado debería cubrir. Y aunque las cuotas son “voluntarias” en teoría, en la práctica se vuelven indispensables para la supervivencia operativa de los planteles.

El problema se vuelve más grave cuando se criminaliza a las comunidades escolares por recurrir a estos apoyos. Como si cobrar una cuota —por mínima que sea— fuera un acto de corrupción, cuando en realidad es una medida desesperada para poder dar clases con lo más elemental.

Nadie niega que la educación debe ser gratuita, pero esa gratuidad no se garantiza con discursos, sino con inversión. Es momento de que las y los legisladores, tanto a nivel federal como estatal, asuman la responsabilidad de dotar a las escuelas de un presupuesto suficiente, equitativo y sostenido, que se etiqueten recursos para mantenimiento, materiales, tecnología, mobiliario y personal de apoyo. Y si no es posible eliminar las cuotas aún, al menos que se reconozca su función real y se regule con transparencia, evitando abusos pero también evitando el castigo a quienes intentan sostener un sistema abandonado.

Desde mi experiencia lo digo con claridad: la verdadera justicia educativa no se logra prohibiendo cuotas, sino garantizando condiciones, y esas condiciones solo llegarán cuando la educación pública deje de ser una promesa escrita en la ley y se convierta en una prioridad real en el presupuesto.