La salud, el campo, el deporte y la salud mental no son lujos, ni opciones. Son pilares fundamentales de la vida digna, de la igualdad de oportunidades y del futuro colectivo de México. Sin embargo, el Paquete Económico para 2026 confirma lo que muchos ya sospechábamos: el presupuesto no sólo no los apoya, sino que los reduce, los subfinancia o los ignora.

En materia de salud, el presupuesto federal para 2026 propone un gasto de 965 700 millones de pesos, apenas un incremento de 5.9% respecto de 2025, pero que en realidad quedará 4.7 % por debajo del monto ejercido en 2024. Esos recursos equivaldrían a sólo el 2.6% del PIB, lejos del mínimo recomendable del 6% que sugiere la Organización Mundial de la Salud.
Y dentro de ese presupuesto, el rubro de salud mental tendrá un recorte de 13.8% respecto al pasado ejercicio, aún cuando los padecimientos psíquicos aumentan y la pandemia dejó huellas profundas.

En el ámbito agrícola, en deporte, en los programas de campo, los reportes indican recortes o falta de crecimiento real del gasto: el PEF 2026 contempla reasignaciones que privilegian otros sectores, mientras campesinos, activistas y jóvenes deportistas quedan en el margen.

Porque cuando se reduce el apoyo al campo, se debilita la seguridad alimentaria y se condena a las comunidades rurales al atraso. Cuando el deporte no recibe inversión, se pierde salud, se silencian talentos, se deja sin opción a generaciones enteras. Cuando la salud mental no se atiende, se amplía el sufrimiento silencioso, se detiene la productividad, se fragmenta la vida familiar y social.

Y cuando la salud general —elemento esencial, no accesorio— se financia por debajo de lo necesario, no hablamos sólo de recortes: hablamos de traición al contrato social.

Las cifras y los derechos nos exigen más que motivos de preocupación; exigen acción.

Porque la política pública no se mide por titulares o campañas, sino por la vida diaria de los ciudadanos: por el niño que no tiene acceso a tratamiento, por la atleta joven que no encuentra apoyo, por la mujer rural que no tiene agua ni tierra ni crédito, por la persona que vive en los efectos de la ignorada salud mental.

Lo que se debe de hacer es garantizar que la salud reciba un presupuesto que no solo suba en cifras nominales, sino que cubra las necesidades reales del país, incluyendo salud mental, enfermedades crónicas, prevención e infraestructura, invertir en el campo con visión de desarrollo: tecnologías para campesinos, créditos accesibles, apoyo a mujeres rurales, cadenas de valor y protección ante crisis climáticas, destinar recursos al deporte como factor de salud, inclusión y desarrollo: instalaciones, entrenadores, becas para jóvenes en zonas vulnerables, integrar la salud mental en todas las políticas de bienestar: en escuelas, comunidades rurales, hospitales, espacios públicos.

Porque un país que recorta los derechos básicos está renunciando a su propio futuro.

Ninguna administración puede llamarse responsable cuando disminuye el presupuesto que protege la salud, el campo, el deporte y la salud mental, mientras millones de mexicanos luchan todos los días por sobrevivir.

Hoy más que nunca, necesitamos levantar la voz y exigir un Estado que invierta en la vida, no que la abarate. México no necesita discursos ni excusas: necesita voluntad, decisiones valientes y un gobierno que entienda que los derechos no se negocian, se garantizan. El 2026 marcará la diferencia entre retroceder o defender lo que somos. Y el silencio —nuestro silencio— también tiene consecuencias…