El término es muy común entre nosotros, y se emplea para calificar a todo lo que huela a falsificación, trampa o algo ilegal.çAsí surgen los taxis “patito” que son vehículos sin licencias autorizadas, o como las organizaciones “patito” que se dedican a engañar a miles con una falsa promesa de una supuesta legalización que no llegará, ni bailándole a Obrador en el Zócalo.
Y lo “patito” hace mucho daño y lo sabemos: atenta contra la economía formal, la de los que pagan impuestos, tienen empleados y los cubren con prestaciones, utilizan los canales de distribución idóneos o adecuados y van derramando en el proceso de fabricación o elaboración del producto hasta su entrega final, recursos para beneficio de muchos, pero muchos mexicanos.
Y bueno, no es fácil, pero debiéramos todos procurar transitar dentro de la legalidad. El tema de los vehículos es muy difícil porque surgen defensores de los pobres que dicen que es necesario, a lo que el columnista se pregunta que si el que no tienen dinero tiene derecho a infringir la ley, ¿cuáles son los derechos del que sí paga impuestos?
Suponemos que aquí en estos casos es que todos seamos medidos con la misma vara, y que haya castigos cuando se requiera en forma equitativa, y no únicamente para los chivos expiatorios.
La ley debe ser la ley, y punto.
Y los concesionarios de transporte público se quejan de que hay muchos individuos que transitan con credenciales de estudiante falsas para pagar menos el precio del pasaje tal y como está estipulado, lo que merma sus ganancias, según argumentan.
Piden algo que garantice que los beneficiarios de esta prestación serán verdaderos estudiantes, y solicitan probablemente el que haya una credencial única.
El problema no es la credencial, porque nunca faltan los tramposos que las falsifican, y los choferes no tienen el tiempo ni la preparación necesaria para detectar una credencial falsa y diferenciarla de las legales.
Pedro García Silva, dirigente de los carcachas rojas -solo así se les puede llamar- hace ver esa afectación y compromete a la autoridad para que haya legalidad en esto.
Se pueden instrumentar sistemas, pero cuestan dinero, y la verdad es que pagarle un sistema de éstos a esas unidades que se caen de viejas y destartaladas como que duele.
Sí hace falta más conciencia, y no es pretexto la situación económica, porque la crisis la vivimos todos en nuestra propia dimensión. Hacer trampa no es el mejor antídoto para sacar avante a México en estos momentos.
Podría ser un convenio con transportistas que arreglen esas carcachas, capaciten a sus choferes, y a cambio, la autoridad haga el esfuerzo por dignificar las rutas y establecer sistemas adecuados, aunque seguramente eso tendrá qué esperar, porque a decir verdad, en la administración de Victoria no se ve para cuando dispongan de un peso del dinero publico en bien de los demás: se ha caracterizado por su falta de probidad.
Mucho se puede hacer cuando la autoridad y las partes en conflicto se sientan a platicar, y el del transporte público es un problema que año con año da de qué hablar. Es necesario ya encontrar soluciones, y en ese sentido, que se pueda hacer justicia a un gremio que ha sido vapuleado con pagos, con calles en pésimo estado que repercuten en el estado físico de sus unidades, apatía de las autoridades, cobro de piso y demás.
Como que ya es hora de que se vea por ellos, y que éstos se pongan la pila y todos dispongamos lo que nos corresponde por tener un buen sistema colectivo y público de transporte urbano en la capital del estado, que, realmente, lo merecemos y se requiere en forma más que urgente: hay miles de estudiantes que claman estos beneficios y cientos de concesionarios ¿Qué falta entones?

Luego de unos días impredecibles,

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