Tanto en el norte como en el sur del estado las lluvias ocasionan graves problemas que han llevado a las autoridades a buscar las declaratorias de emergencia ante autoridades federales, a fin de disponer de recursos para la reconstrucción que se antoja difícil, costosa pero necesaria.
Nuevo Laredo presenta zonas muy afectadas, al igual que la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira, donde las inundaciones han dejado al descubierto una serie de irregularidades sobre la forma en que se llevaron a cabo varias obras, y que hoy son motivo de reclamos, accidentes y demás. Es necesario que la autoridad ponga una mano enérgica en este rubro, porque hay mucha gente que tiene realmente problemas para reconstruir su patrimonio, lo que propicia una crisis económica aunada a la que ya se vive en la entidad.
Por otra parte, el que se hagan las obras como se han hecho lleva a la urgente necesidad de establecer medidas de control para poder garantizar que se entrega lo que se contrata y paga, que es tiempo de que no se deje para después una adecuada supervisión, y que los contratistas, por muy amigos que sean, nos cumplan con obras de calidad.
Siempre hemos sido críticos en cuanto a pavimentación y ese tipo de obras de infraestructura: pensamos que si se hiciera un esfuerzo con concreto hidráulico, no habría necesidad de re-encarpetar a cada rato, y si se acordara con otras instancias como las Comapas y quienes se dedican a destruir el pavimento, podríamos contar con una mejor vialidad.
Y así, en cada instancia, se puede hacer mucho más, y los recursos alcanzarían obviamente para mayor numero de obras.
Cuando llegan estos problemas de clima y se establecen planes de contingencia, la gente quiere ver resultados: quiere es que el agua se vaya y que sus hogares vuelvan a ser funcionales, que sus calles puedan transitarse, y en eso la autoridad tiene una responsabilidad muy grande.
El caso de Altamira ha despertado una serie de comentarios poco favorables parar las autoridades, por los socavones, obras a punto de colapsar y más, que ponen de manifiesto la mala calidad de lo que se contrató.
Algunos ingenieros que se dedican a obra pública contratada por el gobierno saben que si ponen uno o dos centímetros menos de una carpeta no pasa nada, porque los sistemas de fiscalización de obra tienen una serie de aspectos que van de la mano con los mejores actos de corrupción.
Ahora, luego de lo que vimos en aquella carretera del estado de Morelos, en Altamira, en Monterrey y otros sitios, nos hacen pensar que la autoridad debe ser más estricta, y no caer en el viejo modo de “ahogado el niño…”
De nada sirve que castiguen a una empresa que construyó mal un edificio o carretera, calle o algo, si el daño ya está hecho.
Somos muy dados a pensar de esa forma. Recuerde el lector el caso del Colegio Rébsamen de la ciudad de México, que ahora hasta la licencia perdió cuando debieron supervisar antes de la desgracias.
O de los sitios donde hubo masares y ahora los clausuraron, informando a la opinión pública que no tenían licencia, que vendían cosas prohibidas, que había trata de blancas y más.
¿No se dieron cuenta antes?
Es el mismo caso en las obras: hay que hacer una buena evaluación, una adecuada revisión y ser meticulosos, estrictos, puntillosos de ser necesario, pero garantizar al que paga los impuestos que cada peso invertido en una obra está bien gastado, y que servirá para el bien comunitario.
Los planes de contingencia deben estar funcionando al 100 por ciento, y esperamos que autoridades municipales y estatales, en coordinación con el gobierno federal puedan llevar tranquilidad a quienes han perdido lo que tenían por un intempestivo ataque de la naturaleza…
… y una mala calidad en las obras que se hicieron.
Comentarios: columna.entre.nos@gmail.com