La inclusión financiera es un concepto que ha adquirido una creciente relevancia en el panorama económico y social de México. Se refiere a la garantía de que todas las personas, sin importar su nivel de ingresos o ubicación geográfica, tengan acceso a una gama completa de servicios financieros, tales como cuentas bancarias, créditos, seguros y otros productos financieros. En un país con una diversidad económica y social tan marcada como México, la inclusión financiera se convierte en un pilar fundamental para impulsar las oportunidades de negocios e ingresos y por lo tanto, la prosperidad y la reducción de la desigualdad.

En 2022 se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 (ENIF21). Los datos muestran que 56.7 millones de personas de 18 a 70 años en México (67.8%) tenían algún tipo de producto financiero formal (cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore), es decir, xxx% más que en 2018, cuando la cifra era de 54.0 millones de personas (xxx% del total de la población). En cuanto a la brecha de género, el 61.9% de las mujeres contaban con al menos un producto financiero formal en 2021, es decir, 12.4 puntos menos que el porcentaje de hombres.  Estos datos muestran que aún existe un área de oportunidad amplia para crecer en inclusión financiera, pues aún en 2021 no se llega ni al 70% de la población adulta.

Considerando la tenencia de productos financieros formales y segmentando por regiones, se observó que la región Noreste tuvo el porcentaje más alto de tenencia de estos productos en el país (77%), seguida de la Noroeste (75.7%), la CDMX (74.2%) y la Occidente y Bajío (69.3%). Los porcentajes más pequeños se registraron en la región Centro Sur y Oriente (62.0%) y la Sur (60.1%).  Lo anterior muestra otro tipo de brecha: la regional, que es necesario abordar, considerando las características de los estados que del centro sur y oriente del país.

Importante mencionar que 90.1% de los adultos encuestados prefirieron el efectivo a otros medios de pago para compras menores a $500 pesos; mientras que, para compras mayores a $501, fue preferido por el 78.7%, lo que refleja el uso de efectivo como principal medio de pago, ralentizando la adopción de alternativas digitales o electrónicas. Esto no sólo impide la trazabilidad y formalización de muchas transacciones, sino que también dificulta la implementación de políticas públicas eficientes en materia de economía y seguridad. El uso extendido del efectivo contribuye a la informalidad, limita la capacidad de ahorro y planificación financiera de la población y aumenta los riesgos asociados con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo, como robos o pérdidas.

Aunque se ha avanzado en la inclusión financiera, con la tenencia de algún producto financiero formal, cuando desagregamos los indicadores encontramos que el indicador sobre tenencia de cuenta de ahorro formal, aunque creció del 47.1% en 2018 a 49.1% en 2021, todavía esta muy rezagado cuando lo comparamos con Brasil donde este indicador alcanza el 72% gracias a la digitalización. El acceso facilitado a servicios financieros no solo fortalece la seguridad al reducir la dependencia del efectivo y permitir trazabilidad, sino que también empodera a pequeños negocios al brindarles medios de pago avanzados y financiamiento adaptado a sus necesidades. Esta estrategia combate la informalidad económica y está alineada con varios objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Reconociendo su importancia, el Banco Mundial insta a adoptar políticas que fomenten la inclusión financiera a través de tecnologías innovadoras y regulaciones propicias, así como a usar algoritmos y datos para superar las barreras tradicionales que impiden servir a sectores desatendidos.

En México, la política financiera ha priorizado un sistema estable dominado por bancos tradicionales, lo que ha llevado a una concentración de ganancias en estas entidades en detrimento de la atención a amplios segmentos de la población y empresas en términos de pago, ahorro, crédito y seguros. Esta falta de inclusión financiera obstaculiza el desarrollo de proyectos y no impulsa sectores clave del país, haciendo que el mercado de valores también sea excluyente. Tras la crisis de 1995, el sistema financiero sufrió una contracción, y aunque ha mostrado estabilidad y crecimiento desde principios del siglo XXI, su penetración ha sido lenta en comparación con economías similares. Afortunadamente los bancos han comenzado a generar nuevos productos que han empezado a atender a poblaciones con ingresos medios y bajos, especialmente aquellos en sectores informales o con múltiples fuentes de ingresos.

Para seguir avanzando en inclusión financiera en México, es vital considerar varias acciones estratégicas recomendadas en el documento xxxxx elaborado por el centro xxxx de la Cámra de Diputados. En primer lugar, la adopción de finanzas digitales emerge como una solución crucial. Para ello, es importante promover plataformas financieras digitales y aplicaciones móviles que brinden acceso a servicios bancarios, especialmente en áreas con limitadas sucursales físicas. Herramientas como billeteras electrónicas y aplicaciones de préstamos pueden simplificar operaciones de ahorro, crédito y transferencia.

En segundo lugar, es esencial el desarrollo de un ambiente regulatorio favorable, donde se faciliten regulaciones que permitan la entrada de nuevos actores en el mercado financiero, en especial la banca digital, garantizando competencia y protección al consumidor.

Una tercera propuesta es el impulso al microfinanciamiento, con políticas que respalden a pequeños empresarios y poblaciones tradicionalmente excluidas del acceso a créditos.

Ante la evidente necesidad de una inclusión financiera más equitativa en México, es primordial reconocer que las soluciones radican en un compromiso colectivo por la innovación, la adaptación tecnológica y la construcción de políticas más inclusivas. La coordinación público-privada efectiva puede ser una palanca de cambio. Fomentar la cooperación entre ambos sectores puede derivar en la creación de consorcios o alianzas que promuevan educación financiera, innovación en productos y servicios, y una expansión más amplia de servicios financieros en el país.

Actualmente, tanto el gobierno mexicano como el sector privado han reconocido la importancia de la inclusión financiera y han tomado medidas para abordarla. El programa de “Inclusión Financiera para el Bienestar” del gobierno busca ampliar el acceso a servicios financieros básicos en comunidades marginadas, ofreciendo cuentas bancarias gratuitas y fomentando la educación financiera.

En el ámbito privado, diversas instituciones financieras están desarrollando productos diseñados específicamente para atender las necesidades de poblaciones relegadas. Microcréditos, seguros accesibles y cuentas simplificadas son ejemplos de productos que buscan ampliar el acceso a la población no bancarizada.

En conclusión, la inclusión financiera en México es un camino esencial para el desarrollo económico y el bienestar social el cual debe ser apuntalado a través de tecnología, educación y colaboración entre el gobierno y el sector privado, para lograrlo se requiere de marcos regulatorios que realmente habiliten la competencia facilitando la entrada a más participantes del sector financiero. Por tanto, en aras de que México alcance su máximo potencial en el ámbito financiero es imprescindible abogar por un sistema financiero que sea, ante todo, inclusivo, seguro y orientado hacia la nueva economía del conocimiento y la innovación.

La autora es Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión