Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, creado para obtener el máximo beneficio posible del Estado Mexicano utilizando toda argucia legal posible, que se traduce en devoluciones y créditos fiscales, devoluciones de impuestos, condonaciones, convenios para pagos de IMSS e INFONAVIT, una ley laboral a modo, que asegura la anulación de la fuerza sindical y el silencio de los obreros.

El señor Castañón busca que el Estado mexicano acabé con la informalidad pues asegura, que los trabajadores formales ganan 63% más que los mexicanos que, por una u otra razón, se ven obligados a vivir del comercio ilegal. La realidad de su aseveración encuentra respaldo en que las seis entidades del país con mayor informalidad son las que tienen mayor índice de pobreza. Sin embargo, ¿a quién corresponde crear los empleos para que ese fenómeno desaparezca? Imposible que el Estado asuma esa responsabilidad, para ello está la iniciativa privada, así que Castañón la tiene fácil, a instalar empresas, abrir empleos y acabar con la informalidad que somete a millones de mexicanos a situación de exclusión del bienestar social que el Estado debe proporcionar a través del empleo formal.

Aunque voraz el representante del Consejo, tiene buenos deseos, después de todo no es absolutamente ambicioso, solamente pide que se acabe la carga que las empresas pagan por impuestos, INFONAVIT, IMSS, etc., porque incrementan los costos laborales y se desincentiva la formalidad y el emprendimiento; y ya que de pedir se trata, también desea que desaparezcan las inspecciones e informes que tienen que rendirse porque los pequeños negocios no pueden hacerlos, causa por la que caen en situación de quiebra y se ven obligados a entrar al mercado informal.

Los empresarios deben asumir la responsabilidad política y social del gobierno de los mexicanos, a efecto de que exijan que por el pago de sus obligaciones fiscales el Estado proporcione los servicios a que está obligado, y lo haga con oportunidad, eficacia y eficiencia. El asunto es que los empresarios, como muchos mexicanos requieren modificar su concepto y su apreciación en éticas y en moral. Recuerde que la corrupción requiere de corruptores.

Pedir al Gobierno ha sido negocio de vivales. Los de “cuello blanco” están en la banca, en la industria, en las concesiones millonarias y en la política a través de Federaciones; Cúpulas; Partidos Políticos. Los del pueblo en grupos, asociaciones y frentes que con plantones, marchas, bloqueos y daño a la propiedad pública y privada, también exigen tajada del presupuesto que el Estado maneja.

El apagón registrado hace una semana en la frontera norte dio pie a Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, para pedir que el Fondo de Desastres Naturales apoye a los sectores afectados. Actividades de importación y exportación de mercancías; empresas maquiladoras; comercio en general; y por supuesto todo servicio que requiere energía eléctrica se afectó. Comisión Federal de Electricidad omitió al respecto de los daños registrados.

Almanza grita sin tener siquiera el padrón de afectados por el apagón; sin siquiera iniciar la relación de daños y costos que deben ser del conocimiento de Comisión federal de Electricidad, y sin siquiera citar las leyes, normatividad y reglamentos que obligan a Comisión a resarcir los daños que se generaron. Almanza abrió la boca sin disponer de la información necesaria, completa, veraz, que sea el soporte para iniciar acciones que se transformen en decisiones.