Una nueva acusación de la fiscalía de Tamaulipas retiene al ex gobernador, Eugenio Hernández Flores en el penal de Ciudad Victoria, mismo que ha sido su hogar durante 12 largos meses; mañana se cumple un año de que el ex mandatario priista fue recluido en la capital desde donde alguna vez despachó como gobernador derivado de una denuncia de la recién creada Fiscalía Estatal Anticorrupción que dirige Javier Castro Ormaechea.
A un año de distancia Hernández Flores enfrenta tres procesos, el primero ya en pausa por la compra venta de unas hectáreas en el municipio de Altamira; el segundo por la extradición a los Estados Unidos y la más reciente, una segunda denuncia de la fiscalía tamaulipeca acusándolo de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En una maratónica sesión que se prolongó por 14 horas la fiscalía detalló sus argumentos mientras que el acusado utilizó la palabra una sola vez para explicar que por más de 30 años se dedicó a ser empresarios con lo que asegura puede comprobar los más de 40 millones de pesos que se han puesto en duda; aún así, fue vinculado al proceso.
Las reacciones al respecto no se han hecho esperar pues todos están atentos al caso pues nunca antes se había seguido un proceso contra un ex gobernador en Tamaulipas, sin embargo nadie ha alzado la voz a su favor o en su contra, simplemente observan de lejos. Eso incluye a las propias autoridades vigentes que no han querido decir ni “pio” al respecto. Ayer mismo Javier Castro Ormaechea se vio obligado a asistir a un evento de la Comisión que lo vigila pero salió huyendo de los medios de comunicación a quiénes engaño diciéndoles que les daría entrevista y después salió corriendo por una puerta trasera en el Congreso del Estado.
El gober, por su parte, cumplió agenda en esta ciudad capital pero tampoco habló al respecto y los reporteros no le preguntaron. Estuvo presente en la máxima casa de estudios para atestiguar la firma de un acuerdo entre la UAT y la CNDH para promover una maestría y doctorado relacionada a los derechos humanos.
En entrevista, Francisco García Cabeza de Vaca pidió al gobierno federal mayor apoyo para atender a la población migrante pues los estados fronterizos como el nuestro siempre se han visto afectados con la falta de presupuesto para atenderlos.
Sobre el tema de la seguridad el Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos opinó que los militares no podrán regresar a los cuarteles hasta que no se de la profesionalización de las policías estatales, cómo lo han expresado diferentes actores sociales.
Esto nos obliga a ventilar datos de una conversación que sostuvimos hace algunos días con un elementos de la Secretaría de la Defensa nacional en Ciudad Victoria; en calidad de ciudadana, esta columnista cuestionó amplio y tendido su opinión sobre el que tendrían que regresar a los cuarteles y ¿sabe cuál fue su respuesta? Que difícilmente la policía local podrá hacerle frente a los problemas de inseguridad que se vive en un estado como el nuestro.
Los militares son de las corporaciones más confiables del país por los rigurosos e inflexibles códigos que los rigen, además de que destaca su disciplina y compromiso. Yo lo ignoraba pero sí en medio de un enfrentamiento un elemento se llega a echar para atrás por temor, la sentencia inapelable es su ejecución por traición a la nación, misma que es realizada en la ciudad de México.
Para el elementos militar con quien estuve platicando, la mejor estrategia de seguridad que un gobierno podría aplicar para reducir los índices delictivos es, por el contrario, mandarlos a patrullar las calles junto con los elementos estatales para que así, entre todos, y confiando que la SEDENA es una corporación incorruptible, puedan lograr los resultados que hasta ahora no se han logrado.
Que Dios lo bendiga, gracias.
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