Un gobierno que tiene como interés la corrupción y la impunidad como blindaje, carece de interés por desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción que defienda al país, por ello más de una docena de ex y de gobernadores están bajo juicio o en la cárcel en una comedia del Estado Mexicano contra la corrupción, luego de que les permitió el atraco voraz de los recursos e implantar un régimen violento de control ciudadano.
El Estado Mexicanose resistea acotar las facultades del Poder Ejecutivo Federal y Estatales para evitar adeudos millonarios que dejan en la pobreza a generaciones de mexicanos que aún no nacen mientras la corrupción asfixia la vida pública del país con su brazo armado, el crimen organizado. Esto explica porque en México las obras públicas no se licitan con seriedad, por lo que están mal hechas y súper cobradas. El estatus corrupto tiene consorcios cómplices; Higa, OHL, San Román, Aldesa, Gutsa, Altán, Alstom son intocables a pesar de obras con graves fallos y altos costos. Cada asunto, cada sector, cada presupuesto, cada dictamen, es un filón de negocio, de obtención de multimillonarias ganancias resguardadas en bancos cuya operación es parte de un pacto de complicidad.
La Arquidiócesis de México considera que el Sistema Nacional Anticorrupción nace con pronóstico fatal, ajeno a la voluntad de la clase política. El conjunto de leyes las cuales el Congreso está obligado a conformar a analizar, se le mantiene empantanado. El Sistema Nacional Anticorrupción ante el vacío institucional elude la reforma constitucional 2014: al entrar en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el Procurador en funciones pasa a ser el fiscal y aún así, Peña Nieto intenta reformarlo.
Entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual permite responsabilizar actos de corrupción pues el Órgano Interno de Control que realiza la investigación de una posible falta administrativa no será el sancionador, será un magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa especializado en materia de corrupción. Ese tribunal debe estar integrado por 18 magistrados, todos fueron propuestos por Peña Nieto antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, sin tiempo para dictaminar. La ausencia de estos magistrados implica la inexistencia del tribunal competente de los casos de responsabilidad.
Muy grave es que no haya fiscal anticorrupción creado en la reforma constitucional 2014. No entra en vigor porque las disposiciones transitorias fijan como condición para el inicio de su vigencia que el Congreso de la Unión expida una serie de normas; Ley Orgánica para la Fiscalía General de la República, reformas a la Leyes de Amparo y de la Administración Pública Federal, y no hay avance. El Senado puede, por única vez, nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del fiscal anticorrupción. Dichos funcionarios estarán en funciones hasta el 30 de noviembre de 2018, pero el Senado no lo hizo y si los llega a nombrar, quedan meses en funciones y no se podrá consolidar la institución.
Más de cien organizaciones de la sociedad civil enviaron al Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitud para su intervención ante las autoridades mexicanas para crear el consejo asesor contra la impunidad. ”Escribimos con preocupación ante lo que parece contundente resistencia por el Gobierno de México a implementar la primera recomendación que usted dirigió al Estado en marzo de 2016. A más de un año de que usted recomendara establecer un consejo asesor compuesto por personas expertas en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar a las autoridades mexicanas sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, la administración de Peña Nieto no muestra avance en la implementación de la misma”. “Pese a reiterados esfuerzos por la sociedad civil mexicana en establecer diálogo y método para el establecimiento del consejo asesor recomendado, la autoridad mexicana es omisa, resistente para dar seguimiento a dicha recomendación”. Lamentan que otras 13 recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, tampoco sean atendidas.