Justas son las demandas que exige la comunidad LGTBQ+ en el país, comenzando por el respeto al artículo 1 constitucional.

Este precepto es claro al establecer que está prohibida la discriminación motivada por las preferencias sexuales, y cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar derechos y libertades de las personas.

Sin embargo, a pesar de que la agenda de la comunidad LGTBQ+ cada día es más robusta, pues comprende la no discriminación a sus derechos en lo laboral, en lo educativo, en la salud, en lo social y en general que se respete en el trato su derecho a la dignidad humana, lo cierto es que injusta e increíblemente en Tamaulipas ni siquiera han logrado que la legislación permita el matrimonio igualitario.

Y digo injusta e increíblemente porque, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace muchos años que fijó precedente en la materia y tiene clara su doctrina al respecto. No ha lugar a otras interpretaciones jurídicas, ni a posturas políticas o religiosas. Es Derecho,punto.

Explico. Cuando la legislación del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) permitió el matrimonio igualitario, el tema llegó a la Corte; y el planteamiento en resumen por quienes se oponían fue: ¿Si el legislador permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, no se vulnera el esquema de familia protegido por la constitución?

Y la Corte fue clara al sostener, que el artículo 4 constitucional incluye todos los tipos de familia que podamos imaginar, no solo las familias heterosexuales, ya no solo la familia “tradicional”, pues.

Con una mirada a la realidad, la Corte fijó el precedente legal en el tema: todos los tipos de familia están protegidos por la constitución.

Pero, más claro aún, la propia Corte al resolver el amparo en revisión 581/2012 (nótese, hace una década), estableció que no permitir que parejas homosexuales accedan al matrimonio es discriminatorio. Por lo que, claramente las entidades federativas, como es el caso de Tamaulipas, que no reforman y aprueban la ley para que las personas del mismo sexo puedan unirse, violan flagrantemente la constitución en su artículo 1.

Es muy preocupante que en los pocos estados que se resisten (Durango, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas y Estado de México) exista una voluntad deliberada para obstaculizar el acceso de las personas homosexuales al matrimonio, cuando ya es una doctrina consolidada por parte de la Suprema Corte.

Preocupa la forma tan abierta de violar la constitución por parte de los diputados tamaulipecos; preocupa la forma en la que su inacción discrimina a miles; preocupa la falta de observancia de lo que dice la Corte; pero sobre todo preocupa, que si no son capaces ni siquiera de garantizar el derecho a acceder al matrimonio, ¿Para cuándo se harán realidad la gama de reclamos legítimos que incluye la agenda LGTBQ+?

El llamado no es solo a la autoridad legislativa y a políticos obsoletos, es a toda la sociedad: está prohibida la discriminación en México por motivo de preferencias sexuales.

Y si no se quiere observar la ley, hay que abrir los ojos frente a la nueva realidad, por respeto y dignidad de todas, todos, todes, y de nosotros mismos.