El peor fiasco del sexenio del Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, se produjo ayer al despedir al contralor Mario Soria Landero e instalar en su lugar a una burócrata forastera con el sello de FECAL, de nombre María del Carmen Zepeda Huerta.
Soria iba a ser el funcionario estrella del gobierno estatal, panista, inaugurado hace tres años, por ser la principal oferta política de Cabeza de Vaca, el combate a la corrupción y el enjuiciamiento de políticos y ex funcionarios que robaron a manos llenas.
Sin embargo, Mario Soria Landero se va del gobierno sin haber puesto tras de las rejas ni siquiera a un conserje, un velador, un mandadero, mucho menos a un pez gordo, pues hay complicidad, encubrimiento, tolerancia, sociedad con los corruptos de ayer.
Durante la campaña electoral del año 2016, el candidato del PAN a Gobernador juró repetidamente, que limpiaría la casa, que no haría una cacería de brujas pero que liquidaría la impunidad.
Mario iba a tener mucho trabajo, pero los hechos demuestran que su dependencia sirvió sólo de florero, de adorno, decoración, pues no emprendió ninguna investigación con final feliz en el sentido de encontrar a culpables de malversación de fondos, peculado o cualquiera otra forma de prevaricación.
Está confirmado un desfalco de más de mil millones de pesos perpetrado en el Instituto de Previsión y Seguridad Social, antes UPYSSET, imputable al ex Gobernador Egidio Torre Cantú por no transferir los descuentos hechos a los salarios de la burocracia estatal.
Soria Landero justificaba la demora en integrar el expediente, con el pretexto de que es un asunto complejo, pero los observadores creen que nunca recibió la instrucción formal y terminante, de sus superiores, de ir al fondo del asunto.
Prefirieron ser tapaderas de Torre Cantú.
La nueva contralora, de la que nadie espera que haga algo diferente a lo de Soria, es una burócrata del IMSS en los tiempos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. No conoce a Tamaulipas, sus regiones, sus gentes, sus historias. Seguirá siendo un florero.
No han faltado los maliciosos que encuentran una vinculación con la sorpresiva noticia de la renuncia o destitución del contralor, con el escandaloso asunto de la incautación de casi medio millón de litros de combustibles, ocurrido el fin de semana en Reynosa.
Se trata de un asunto extraño y misterioso, porque empleados del gobierno del Estado incautaron en Reynosa, del viernes al domingo, 23 vehículos pesados, conteniendo gasolinas compradas en Estados Unidos.
Extraño y misterioso, porque ningún convenio fiscal con la federación, autoriza a empleados estatales a revisar sistemáticamente las cargas comerciales internacionales, porque esa es una función de la Secretaría de Hacienda, a través del SAT o la dirección general de aduanas.
Luego, no se trató de una incautación fortuita, accidental o providencial, sino producto de una persecución emprendida por los empleados estatales, contra los presuntos infractores de la ley.
El asunto huele mal, y el gobierno federal debe atender el llamado del Gobernador Cabeza de Vaca, de hacer una investigación a profundidad, simplemente sometiendo a severa interrogación a los conductores detenidos, más de 23.
Podrían descubrir los policías federales por ejemplo, como lo sugirió Cabeza de Vaca, que no es la primera vez que los detenidos introducen a México grandes volúmenes de combustibles.
La pregunta que tendrían que hacerse los federales, es por qué ahora si les echaron el guante. Un mal reparto? ¿un cambio de tarifa? ¿nuevo enlace?. Allí está la clave.
Por cierto, Cabeza de Vaca volvió a sorprender a los tamaulipecos, con su inesperado viaje a Nuevo Laredo, ayer, para presidir el desfile de la Revolución Mexicana, en momentos en que Enrique Rivas Cuéllar no acaba de retirar todavía, las ruinas humeantes de lo que eran vehículos, incendiados y quemados en muchas calles.
Todavía el martes hubo balaceras, persecuciones, bloqueos, poncha-llantas, abatidos, pero son episodios que el gobierno estatal oculta para aparentar que todo está bien, que no hay de qué preocuparse.
Cabeza de Vaca desafió las más elementales reglas de seguridad, al exponerse él y su comitiva, a agresiones por parte de los delincuentes que mantienen a Nuevo Laredo en un virtual estado de sitio, con toque de queda.
Hasta la cónsul general del gobierno estadounidense en Nuevo Laredo asistió a la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la gesta armada, misma funcionaria que prohibió a sus empleados a andar en las calles, por el riesgo de perder la vida.
Nuevo Laredo es ahora motivo de escándalo nacional, por la sucesión de eventos de sangre consecutivos, como el asesinato de un periodista, la fabricación de culpables, la ejecución extrajudicial perpetrada por policías estatales y ahora, el terrorismo desatado por los delincuentes.
Frente a esta situación caótica y anárquica que asfixia a Nuevo Laredo, Cabeza de Vaca se aferra al discurso de que la seguridad pública es responsabilidad del gobierno federal, aún después de que el Secretario Alfonso Durazo hizo el deslinde porque sólo el 5 por ciento de los delitos cometidos en México, pertenecen al fuero federal.
Sobre el mismo asunto, Luciano Campos Garza entrevistó para la revista Proceso y su agencia Apro, al periodista Luis Ignacio Valtierra Hernández, uno de los seis ciudadanos encarcelados durante un año y siete meses en Nuevo Laredo, por consigna política.
La entonces llamada Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y el Tribunal Superior de Justicia, les armaron un proceso amañado donde los hacía aparecer como culpables del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez.
Valtierra Hernández hizo un llamado al Gobernador Cabeza de Vaca, para que ordene la aprehensión de los verdaderos asesinos del periodista, para que reciban un castigo y no quede impune el delito.
Anunció además, que pedirá la intervención del Conejo de la Judicatura Federal, para que investigue el comportamiento de jueces y magistrados del poder judicial tamaulipeco, que se confabularon con la procuraduría, para cumplir una venganza política en su contra.
La Procuraduría, llamada ahora fiscalía general de justicia, mantiene como director de área a Natanael Isai Castelán Iturria, el abogado que fue denunciado en el tribunal de enjuiciamiento como el orquestador de la conjura contra los seis detenidos a los que se inventó como culpables.
Por su parte, el flamante dirigente del Partido Verde en Tamaulipas Ricardo Gaviño Cárdenas cerrará el año a tambor batiente, pues ha instalado siete comités municipales de su organización, y va por más.
Gaviño se ha propuesto revitalizar al Verde en Tamaulipas, para ponerlo otra vez en condición de pelear posiciones electorales. Antes de finalizar el año, tendrá representaciones en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Tula.
Cumplen años Ramón Alí Lara, Manuel Núñez Rangel, José Cortázar, Francisco Rangel.

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