Al igual que sucedió en 1998 con Zedillo, en 2000 con Fox, en 2008 con Calderón y en 2013 con Peña, el mundo neoliberal presagia el apagón del siglo de no dar atrás, así sea parcialmente, en la reforma constitucional en materia de la industria eléctrica que busca recuperar la soberanía estatal sobre el sector. Hoy repiten vaticinios del pasado. En 1998, Luis Téllez, secretario de Energía, anunció la catástrofe si no se abría a inversión privada. Apagones generalizados estaban a la vuelta de la esquina. En 1999, Zedillo anunció la propuesta de reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para privatizar el sector, su objetivo, promover la introducción de particulares en el sector bajo el supuesto que el mercado promovería inversión, mejor servicio y menores costos. Su iniciativa perdió y la hecatombe no llegó.
Fox también cabildeó. Dijo que el cumplimiento de su promesa de que la economía creciera 7% dependía del apoyo a esta reforma. Su subsecretario de Economía afirmó, tan graves son los problemas de desabasto que podrían explotar a corto plazo. El país no creció, pero no por culpa de que no avanzara la desregulación del sector. Calderón, socio de Repsol e Iberdrola, anunció las mismas pesadillas de no aprobarse su propuesta de reforma de 2008. Peña y PAN tronaron la industria eléctrica aprobando un cambio constitucional que pulverizó a CFE y en venta de garaje liquidó patrimonio nacional. Ante la reforma que busca recuperar la soberanía energética los que obtienen, gracias a la reforma de Peña, ganancias privadas de subsidios públicos, vaticinan que caerán las siete plagas de Egipto.
La lista de males que nos aguardan es interminable: Aumentará el costo de la electricidad, se deteriorará la calidad del servicio y se precipitarán apagones. Se enseñorearán fuga masiva de capital y parálisis de inversión extranjera directa. El peso se devaluará y sufriremos catástrofe ambiental, además, se pagará miles de millones de dólares en indemnización. Los beneficiarios de la privatización eléctrica ocultan que la participación estatal es producto de la naturaleza de la industria de la excepcionalidad eléctrica, singularidad que se origina entre otras causas en que la electricidad no puede almacenarse excepto en pilas y baterías a costo altísimo, por ello se sincronizan generación y demanda, y voltaje y frecuencia.
Países capitalistas nacionalizaron su industria eléctrica: Francia en 1946, Austria y Gran Bretaña en 1947, Italia en 1962 y Quebec en 1963. Tenían capacidad de invertir recursos para impulsar el crecimiento y aguantar plazos largos para recobrar costos de inversión, estaban en posibilidad de sacrificar márgenes de ganancia para fomentar el desarrollo. Con el neoliberalismo se impulsó la privatización del sistema eléctrico. Los bienes públicos pasaron a corporaciones cuyo objetivo es obtener la mayor ganancia, lo más rápido posible. Entre 1988-93, 2 mil 700 empresas estatales en 95 países pasaron a manos privadas.
El caso mexicano es paradigma de cómo las promesas de bajar precios con base en la competencia, mejorar el servicio y promover la innovación que acompañaron la privatización del sector, resultaron falsas. Abusivamente unos grupos obtuvieran beneficio desproporcionado a partir de bienes y subsidios públicos. En 2020, la reforma de Peña costó al país 423 mil mdp. Las ganadoras fueron 239 sociedades de auto abasto. Hay que terminar el saqueo de nuestros recursos, recuperar la rectoría del Estado de un sector estratégico y defender la soberanía energética.