El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hizo ayer dos importantes proclamas en su conferencia mañanera, que atañen a Tamaulipas: ya se acabó la corrupción y el bandidaje oficial, y, se investiga en Nuevo Laredo si hubo exceso de abuso de derechos humanos, en el caso de la ejecución extrajudicial.
El jefe de las instituciones nacionales conoce el caso de la matanza que hizo la policía estatal del gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca, que costó las vidas a ocho personas inocentes.
Reveló el Presidente de la República, que está en marcha una investigación del gobierno federal, paralela al proceso judicial abierto por el gobierno tamaulipeco, que tiene toda la apariencia de brindar protección a los policías asesinos.
El tema derivó de los episodios de violencia que ensombrecieran a Nuevo Laredo durante jueves, viernes y sábado, pues el licenciado López Obrador opinó que no tienen relación con el hecho de que los marinos ya no permanecen en esa ciudad.
Agregó que pareciera ser, que el estallido de violencia está vinculado a la ejecución extrajudicial perpetrada por la policía de Cabeza de Vaca, de ocho personas que no pertenecían a la delincuencia organizada.
“A partir de ahí se han descompuesto las cosas en Nuevo Laredo”, aseguró el Presidente de la República, luego de revelar que está abierto el expediente de la masacre, para esclarecer los hechos y hacer por su cuenta una acción que castigue a los responsables.
La mención de que se ha acabado la corrupción gubernamental y el bandidaje oficial, es una especie de reto, porque el señor López Obrador tendría qué darse una vuelta por Tamaulipas, para que rectifique o confirme.
Los más recientes reportes de la auditoría superior de la federación sobre resultados en la revisión de las cuentas públicas del gobierno estatal, revelan opacidad y ausencia de información sobre el destino de recursos federales.
Ello hace suponer que Tamaulipas vendría siendo una excepción o bache en la proclama presidencial, pues aquí hay todavía prácticas que empañan la extinción de la corrupción gubernamental.
Pero volvamos con Nuevo Laredo. El Presidente lamentó que esa ciudad sea el centro de más recurrencia de la violencia de Tamaulipas, seguramente como resultado de la tibieza de las autoridades locales.
Enrique Rivas Cuéllar y Cabeza de Vaca han hecho una mancuerna política que no necesariamente se refleja en buenos resultados para la sociedad, pues lo suyo es la atención a asuntos más mundanos.
Por cierto, la procuraduría general de justicia de Tamaulipas se convirtió oficialmente en fiscalía general de justicia de Tamaulipas, con autonomía técnica, administrativa, presupuestal y operativa.
La dependencia no sólo cambia de nombre, sino de estructura para rendir mejores resultados en la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, para que otorgue una procuración de justicia más eficiente y efectiva.
También buscará la nueva fiscalía, apegarse a derecho y contribuir al combate a la inseguridad y su disminución, así como a prevenir el delito y a fortalecer el estado de Derecho.
Del mismo modo, se confirman sus obligaciones en el sentido de procurar que el culpable no quede impune y que promueva, proteja, respete y garantice los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.
La fiscalía general pondrá en marcha un nuevo modelo de procuración de justicia basado en un Plan de Persecución Penal bla bla bla. Todo este diseño teórico está escrito en términos muy bonitos y conmovedores, pero tenemos una pregunta buscabullas, cascarrabias:
¿Por qué creen que Irving Barrios Mojica puede cumplir esa prodigiosa transformación de la dependencia, si tuvo tres años para demostrar que es eficiente, listo, inteligente, capaz, íntegro, competente, y no lo consiguió?
Si acaso quisiera el gobierno estatal panista, que la sociedad creyera en su repentino afán de hacer bien las cosas, tal vez lo conseguiría si pone al frente de la dependencia de nuevo nombre, a otro profesionista del Derecho, preferentemente tamaulipeco.
Barrios es un forastero que ha mostrado un profundo desprecio hasta por sus propios colaboradores, algunos de ellos asesinados en circunstancias que no han sido aclaradas, como el delegado regional abatido en Nuevo Laredo, la MP asesinada junto con un juez de control, en La Loma, y la directora del grupo anti-secuestros.
La fiscalía será la misma lavativa aunque con diferente bitoque, porque la mona aunque la vistan de seda, mona se queda, hasta que se demuestre lo contrario.
Por cierto, ahora que Nuevo Laredo ha llamado la atención del Presidente López Obrador, el Procurador (o fiscal general) debiera cancelar el grupo de operaciones especiales, de la policía estatal, que mata gente por órdenes del CAIET.
El CAIET es el equipo de espionaje de Cabeza de Vaca que opera al margen de la ley, como quedó demostrado en Nuevo Laredo, pero no se sabe que hayan ordenado su disolución.
En otros temas ligados con la ley, el secretario general del sindicato estatal de trabajadores del IMSS, Pedro Luis Ramírez Perales, será sentado hoy en el banquillo de los acusados, en la fiscalía general de la República.
Pedro Luis y su esposa Beda manejan alternativamente ese gremio sindical mediante maquinaciones que fueron denunciadas como posibles delitos, que de resultar ciertas, le merecerían sentencias y reclusión.
Esta pareja tiene acusaciones que datan de hace mucho tiempo, especialmente la venta de plazas.
Por su parte, la cámara federal de diputados reanudará mañana su sesión plenaria para aprobar el presupuesto de egresos de la federación 2020, con cambios notables encaminados a satisfacer al respetable.
Se filtró por ejemplo, que incluirán en el PEF un nuevo esquema financiero para acabar de convencer a los grupos que tienen rodeado al inmueble legislativo, que los apoyos al campo no disminuyen sino que se entregarán directamente.
El pastor de MORENA Mario Delgado, reveló que en las mesas de trabajo, los diputados han introducidos cambios en la asignación de recursos hecha en la iniciativa presidencial, por casi diez mil millones de pesos.
El diputado de Reynosa Armando Zertuche Zuani nos aclaró que la fecha tope para aprobar el presupuesto federal es el 15 de noviembre, pero ellos decidieron posponerla hasta el 20 de noviembre, bajo el razonamiento de que es más importante la aprobación oportuna y prudente.

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