En el municipio de Llera, la paciencia de los ejidatarios de Compuertas, Pedro J. Méndez y Zapata está al límite.

Tras más de 11 meses de un conflicto con la empresa encargada del parque eólico “Tres Mesas”, los afectados han lanzado un ultimátum exigiendo el cumplimiento de un contrato que ya lleva años de disputa.

La deuda asciende a 15 millones de dólares, de los cuales los ejidatarios reclaman un 3% de contraprestación y el conflicto se remonta a 2007 y 2008, cuando se firmó el arrendamiento de cerca de 6 mil hectáreas para la instalación de los aerogeneradores.

Desde que la generación de energía comenzó en 2020, los ejidatarios se han visto envueltos en una maraña de falta de transparencia en los pagos y retención de información crucial para cotejar los ingresos.

El contrato establece que los ejidatarios deben recibir el 3% del ingreso bruto, pero la empresa mañosamente primero deduce gastos y luego paga, generando pérdidas para los habitantes y más ganancias para los empresarios.

Ante ésto, el gobernador Américo Villarreal Anaya mostró, una vez más, su cercanía con la gente al recibir a los inconformes en Palacio de Gobierno, al término de la ceremonia de honores. Un gesto que contrasta con la actitud de otros gobiernos, que mantenían puertas cerradas y discursos ajenos a la realidad de los tamaulipecos.

En lugar de evadir los problemas, la administración de Villarreal Anaya no sólo da tiempo en su agenda para atenderlos personalmente, sino que también se pone la camiseta por sus gobernados, sumándose a los reclamos de los ejidatarios.

De no haber acuerdo en la mesa de diálogo del 21 de enero, el Gobernador llevará el tema directamente hasta la mañanera, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum”, según comentaron los ejidatarios al reconocer el compromiso del mandatario.

La controversia se intensifica al señalar que el parque eólico “Tres Mesas”, con 85 aerogeneradores, tiene 49 ubicados en terrenos ejidales. La representación local de la empresa, a cargo de Erika Santiago, ha sido acusada de operar con falta de claridad.

“Nos dicen que vienen de España, luego que de Estados Unidos, pero ahora resulta que tienen su paraíso fiscal en Panamá”, denunciaron.

Los ejidatarios insisten en que los montos recibidos no corresponden a lo estipulado en el contrato y aclaran que no se trata de dinero, que se trata sólo de justicia y transparencia, en pocas palabras, confirmar que lo que les pagan es realmente lo que les corresponde.

El compromiso del Gobernador Villarreal con las 330 familias afectadas no se queda sólo en palabras. Ha reiterado su respaldo y ha asegurado que agotarán todas las vías legales para garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados.

Sin duda, la camiseta del Gobernador está bien puesta, y los ejidatarios esperan que este respaldo se traduzca en una resolución justa.