La plataforma de inversión inmobiliaria en propiedades de EE. UU., Dividenz, planea llevar este año 200 millones de dólares de inversión inmobiliaria latinoamericana con fuerte inversión mexicana interesada en resguardar su dinero en inmuebles.
OIván Chomer, CEO de Dividenz dijo que México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, representan más del 50% de la inversión anual latinoamericana en EE. UU., que ronda 30 mil millones de dólares y quieren aumentar su participación invirtiendo en propiedades de renta institucional y naves para actividades logísticas.
“Tenemos más de 3 mil unidades en EE. UU., en más de 20 edificios y más de 600 millones de dólares en el valor total de activos. Este año vamos a duplicar lo que se hizo en 2023. La plataforma es popular como medio que brinda seguridad al dinero en Florida, Denver, Texas, Austin, San Antonio, Houston, Georgia, Utah, entre otros.
“México tiene nivel de crecimiento económico importante. La relocalización de empresas y la guerra comercial de EE. UU., con China, beneficia al mercado creando crecimiento. Las inversiones se van a mantener firmes y seguramente habrá más demanda en 2024”, explicó.
En el mercado de Bonos, la sobreoferta de Bonos del Tesoro norteamericano es un factor que hace que los rendimientos de los mismos se presionen al alza y atrae al inversor. La presión inflacionaria continúa. La falla de las cadenas de suministro, incremento en costos laborales, efectos del cambio climático en las cosechas, restricción en la oferta de hidrocarburos por la OPEP y el enorme gasto fiscal electorero en 70 países que tienen elecciones presidenciales, hacen posible que la inflación se estabilice al alta, lo que implica tasas de interés futuras más altas.
Los costos de la propuesta de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México de reducir la edad de 65 a 60 años para recibir la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores representa un mayor gasto por $200 mil millones, lo que se opone a la sensatez del ejercicio del gasto público.
Los trabajadores afiliados al IMSS a partir de 1997 y al ISSSTE a partir de 2008 con salario base de cotización mayor a $16 mil 777 pueden tener acceso a la pensión complementaria. Ante ello, los costos a 2025 a cargo del gobierno serían de $3 mil 771 millones de pesos.
Lo anterior significa una enorme carga al presupuesto de egresos que en la administración federal sufrió recortes en aspectos de bienestar como agua potable y saneamiento; educación y salud; servicios que en muchas regiones del país son un desastre pues su cobertura es parcial y deficiente. La segunda mitad de la década actual podría ser continuación del desastre