El destacado economista, historiador, diplómatico y funcionario público mexicano, Jesús Silva Herzog (San Luis Potosí, 1893), formó parte del grupo de peritos, designados en 1937 por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para resolver el conflicto obrero-patronal, entre los trabajadores de la industria petrolera y las empresas (en su mayoría extranjeras) de dicho sector. Conflicto que eventualmente habría de terminar en la expropiación petrolera.

La Epopeya del Petróleo en México, libro editado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, es el compendio de varias conferencias que Silva Herzog impartió, en agosto de 1952, cuando ingresó como miembro de El Colegio Nacional y dónde, como protagonista de un momento histórico, comparte los detalles de uno de los hitos fundamentales de nuestro país: la nacionalización del petróleo. El autor menciona en el prólogo que “El propósito perseguido (en sus conferencias) no fue el de agotar tema tan amplio, sino divulgar entre un público no especializado la historia del petróleo en México, los acontecimientos que culminaron con la expropiación de los bienes de las empresas extranjeras, la lucha de las mismas empresas en contra de México y la consolidación de la industria nacionalizada…”

Como sabemos todos los mexicanos de cierta edad, el petróleo es para nuestro país un tema que forma parte medular de nuestra historia moderna. Es fuente de empleos y riqueza, pero también de conflicto y lucha, es incluso materia de poesía, inmortalizado por Ramón López Velarde en La Suave Patria.  Silva Herzog relata, con gran pasión, aquellos días complejos de finales de los años treinta. Un poco más de veinte empresas petroleras extranjeras operaban en México, destacan la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell; la Huasteca Petroleum Company, subsidiaria de la Standard Oil Company de Nueva Jersey; la Sinclair; la Sabalo Transportation Company y la Mexican Gulf, entre otras. Desde luego, cada una con contratos laborales que implicaban salarios y prestaciones diferentes, situación insostenible, por lo que en 1936, después de vencer innumerables obstáculos, los trabajadores lograron fundar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Una de las primeras acciones del sindicato, amparado por la Ley del Trabajo, fue exigir a todas las compañías petroleras, nada más y nada menos que lo justo: un contrato colectivo de trabajo con mismos salarios, prestaciones, vacaciones, indemnizaciones por accidentes de trabajo, servicio médico, etc. El monto de dicha exigencia se estimaba en 90 millones de pesos de aquellos años, mientras que las empresas decían estar en posibilidades de sólo ofrecer un aumento en salarios y prestaciones por valor de 14 millones de pesos. Como no llegaron a un arreglo, la huelga estalló en mayo de 1937.

Es en ese momento y no en otro, que el Presidente Lázaro Cárdenas decide intervenir para conciliar a ambas partes, al tiempo que las grandes empresas se ocupaban de propagar aseveraciones falsas y tendenciosas sobre las intenciones del Gobierno de México. Refiere Silva Herzog que “el gobierno federal pidió a los dirigentes del sindicato que reanudaran sus labores y que plantearan, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un conflicto de orden económico”.  Lo cual implicó nombrar a tres peritos para analizar los estados financieros de las empresas involucradas en el conflicto y brindar un dictamen sobre la posible solución.  Los peritos concluyeron su trabajo en tiempo y forma y dictaminaron que ni 90 ni 14 millones, sino 26 millones de pesos debía ser el aumento en salario y prestaciones a los trabajores de la industria petrolera.  Conclusión que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Sin embargo, las empresas extranjeras se rebelaron ante la última autoridad en decidir al respecto, es decir, la SCJN; además, desplegaron una dura campaña en contra de México y su gobierno, en medios de comunicación nacionales y extranjeros y recurrieron a los gobiernos de sus países de origen para obligar al gobierno de México a apoyar su postura frente a la justa exigencia de los trabajadores mexicanos.

Aún así, en los primeros días de marzo de 1938, el Presidente Cárdenas y su gabinete continuaron trabajando la vía de la conciliación, pero llegó un punto de no retorno: Silva Herzog menciona una reunión de los empresarios con el Presidente, alguno de ellos preguntó al general Cárdenas “¿Y quién nos garantiza que el aumento será solamente de veintiséis millones?”, a lo que el general contestó: “Yo lo garantizo”. “¿Usted?” “Sí, lo garantiza el presidente de la República”, pero quién preguntó no pudo contener una leve sonrisa y en ese momento el Presidente se puso de pie y dijo “Señores, hemos terminado”.  Las mismas empresas, que después lamentaron su actitud soberbia y prepotente, fueron las únicas responsables de la decisión grave y difícil que tomó el gobierno de México: la expropiación petrolera, decisión absolutamente necesaria para poner límite a la arrogancia de la iniciativa privada extranjera y a su falta de respeto a los derechos laborales de los trabajores mexicanos y al gobierno de México.

El gobierno de los Estados Unidos de América reconoció desde un principio la legitimidad de la expropiación, pues consideró que se había realizado de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país, sólo insistió en que el pago debía ser justo y pronto.  El 18 de marzo de 1938, esa era la menor de las preocupaciones, pues había que “recibir” (lo pongo entre comillas porque los ejecutivos y operadores extranjeros de todas las empresas se fueron, no entregaron nada, abandonaron todas las intalaciones) las instalaciones de las empresas, continuar con la producción y exportación de petróleo, tarea que fue todo un reto, que funcionarios y trabajadores patriotas, lograron sacar adelante, para sorpresa de los codiciosos extranjeros.

Querido lector, lectora, sirvan estas líneas para recordar a esos hombres y mujeres que trabajaron en el informe y dictamen que reconoció las demandas laborales de los trabajadores de la industria petrolera mexicana de finales de los años treinta; pero también para no olvidar que el Estado siempre debe estar alerta de poner límites a la codicia, ya sea extranjera o nacional; de acotar los privilegios y garantizar una distribución justa de la riqueza, pues ello es sólo en beneficio último de la Nación.

 * Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.