Una muestra de la complicidad que auspicia el Estado Mexicano entre autoridades de los penales, cuerpos de seguridad pública, las procuradurías de Justicia, poder Judicial, es el hecho de que a la sociedad mexicana se le alerte por alguna autoridad con relación a actividades de inteligencia, dando a conocer números de teléfonos a través de los cuales intentan extorsión y secuestro desde el interior de reclusorios. La complicidad Estado Mexicano con el crimen al permitirles usar equipos celulares en los penales, es absolutamente evidente. La publicidad dice que se combate al crimen, que se destina presupuesto de millones de pesos, la realidad demuestra que aunque se pone en riesgo mortal a integrantes de los cuerpos de seguridad y de los ciudadanos; en la calle se evidencia que en México el crimen sí paga y paga muy bien.

La mayoría de los penales del país adolecen de autoridad oficial, son los presos quienes mandan y establecen las condiciones para coaccionar a sus compañeros, extorsionarlos y obligarlos a pagar por comida, agua potable, espacio para dormir, acceso a revisiones médicas, un trabajo, hacer uso de instalaciones deportivas, tener visitas familiares o íntimas. Controlan el ingreso de artículos ilícitos como drogas y armas, situación que vuelve un polvorín cualesquier penal pues están saturados de reos bajo el influjo de drogas ilícitas, desesperados por obtener el modo de vida criminal en las calles.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asegura que los presos controlan las llaves de las celdas, coordinan áreas y servicios, organizan labores de limpieza y de vigilancia y dormitorios y hasta el pase de lista. Los presos líderes tienen privilegios y contratan a otros de sus compañeros para servicio personal. Hay explotación de todo tipo, incluyendo la sexual e imposición de castigos, datos contenidos en la Recomendación General 30/2017, del mes de mayo pasado.

De acuerdo al último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH en 2016, entre los factores que propician los autogobiernos se encuentran la sobrepoblación, el hacinamiento, la ausencia de un marco normativo, personal insuficiente o ilegalidad en la imposición de sanciones disciplinarias y por supuesto por la incapacidad, omisión o tolerancia de la autoridad, por la corrupción o por coacción a la autoridad.

Un ejemplo de esta situación se reveló a través de videos en el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Sergio García Ramírez”, en Ecatepec, México, donde se observa a un interno, Luis Alberto González Nieto, “El Tatos”, y a otros reclusos torturar a otros presos. En un video, se observa como “El Tatos” quema a una persona a la cual le exige un pago y en otro se ve cómo le da una paliza y toques eléctricos a otro interno.

En la recomendación referida, la Comisión señala: El problema de las condiciones de autogobierno-cogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica recluidos en centros estatales y municipales, quienes controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por las autoridades. Se generan efectos nefastos como las riñas constantes con saldo de hasta de decenas de muertos en penales en todo el país. Nuevo León y Tamaulipas no han logrado imponer disciplina, autoridad y calma en sus reclusorios.

La complicidad es una conducta humana, por tanto es posible encontrarle por doquier, en especial en aquellos países cuyos gobiernos la alientan, la permiten y la estimulan como una manera más de sacar dinero al pueblo. Por participar en una asociación ilícita para suministrar decenas de fusiles a un cártel del narcotráfico en México, un sargento del Ejército y reclutador de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Texas, fue sentenciado a 17 años de prisión. El militar, Julián Prezas, de 27 años, fue sentenciado en San Antonio, donde se declaró culpable en diciembre de cinco cargos por hacer declaraciones falsas durante la compra de armas de fuego, así como por exportar armas a México.