A lo largo de la historia cercana de Tamaulipas, alrededor de 25 años, los intentos por mejorar el sistema penitenciario estatal han sido tan numerosos como –hasta ahora– infructuosos.

Le invito a remontarnos al pasado en ese lapso.

Los problemas que hoy sufren los reclusorios tamaulipecos empezaron en los hechos en la dimensión que hoy padecen, en la administración de Américo Villarreal Guerra. Fue en su gestión cuando los auto gobiernos empezaron a proliferar ya sin el control de las autoridades, como había sucedido en los sexenios de Enrique Cárdenas González y de Emilio Martínez Manautou.

Existían por supuesto anomalías, pero no alcanzaron los niveles trágicos que marcaron la etapa final del americanismo, en donde los nombres de Oliverio Chávez en Matamoros o Equiterio Gamboa en Victoria marcaron con una cauda de víctimas mortales el arranque de una nueva y dramática pauta en el manejo de los entonces llamados CERESOS.

Tal vez una excepción fue el mandato de Manuel Cavazos Lerma, quien entre sus extravagancias implantó un sistema de “control espiritual” de los reos, a través de sonidos que los internos no apreciaban concientemente pero que, de acuerdo a lo que se decía entonces, les influían para reducir sus arrebatos violentos.

No sé si en realidad funcionó esa medida o si fue por otro motivo, pero el saldo cavacista ha sido el que menos ha sufrido en ese cuarto de siglo. Las prisiones vivieron escasas reyertas que fueron controladas con rapidez.

Hablar del tema en los gobiernos de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández o de Egidio Torre sería ocioso. Todos conocemos las abruptas experiencias registradas en fugas y motines, circunstancias que se han alargado hasta el actual sexenio, emanado de Acción Nacional.

Viene al caso esta apretada recapitulación por lo que se asoma en el círculo carcelario estatal, en donde se dio a conocer que la iniciativa privada tiene un pie en la puerta para ser “semi dueña” del CEDES de Victoria, mediante el esquema APP que impulsó Felipe Calderón con un balance oscuro y salpicado de abusos y excesos dentro de esos recintos de castigo.

Sería una estupidez deslegitimar esta opción antes de tiempo, cuando todavía está en proceso de gestión y no se tienen a la mano elementos concretos de su operación para tratar de valorarlos. En el papel, como sucede en el salón de clases, todo se ve bien porque el escenario se muestra en condiciones perfectas. De laboratorio, como se dice en el terreno científico.

Ciertamente es inobjetable que uno de los objetivos, construir el tan postergado Centro de Ejecución de Sanciones en la capital, se alcanzaría sin problemas. Lo que hace falta es dinero y es precisamente lo que tiene la iniciativa privada, a la cual le significaría un buen negocio edificar esas instalaciones por las utilidades que le generaría su arrendamiento y la prestación de los servicios que requiere una prisión.

Pero cuando se habla del funcionamiento y operatividad de esas cárceles, el color deja de ser rosa.

Es una realidad, penosa pero al fin realidad, que quien tiene el dinero, aunque sea malhabido, también tiene el poder. Esta frase es precisamente lo que provocó que en otros estados donde se ha probado este sistema de APP en sus presidios, el resultado ha sido una hilera de arbitrariedades, corruptelas y abusos de todo tipo, porque “el que paga manda”.

No tiene que ser así en Tamaulipas, pero sería saludable abrevar en esas experiencias ajenas para constatar –y prevenir– cómo las autoridades de esas entidades se echaron por comodidad a una poltrona y dejaron en manos de los particulares casi todo. En buena medida, hasta el control de los reos.

Ojalá que se consiga el dinero particular para edificar el nuevo penal victorense. En verdad se necesita con urgencia ante los riesgos que genera el actual para la sociedad capitalina.

Pero ojalá también que los dolores en carne ajena como los sufridos en esos estados, sean para Tamaulipas lecciones anticipadas de lo que se debe y no se debe hacer…

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