Pocos lo saben, pero el recientemente designado Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, tiene los días contados. En números precisos, 106.

No se alarme, no se trata de una situación dramática, sino política. Se deriva de una simple etiqueta que tiene encima el nuevo dirigente: la que lo define como “sustituto” y que tiene como fecha de vencimiento el 15 de diciembre de este año.

Guajardo está inmerso en una especie de prueba a corto plazo, en el cual sus adversarios y detractores lo estarán “calando” con una serie de demandas, todas dentro de lo posible, pero algunas difíciles de cumplir para Sergio, por su dependencia de otros grupos de poder.

Es amplio el listado de reclamos. Consignamos en este espacio algunos:

–Habilitación de funcionarios partidistas de todas las regiones en proporción a su importancia electoral, para que representen el peso real de cada municipio. Un caso especial mencionado es el de Victoria, que representa el 7 por ciento del padrón electoral y tiene más del 30 por ciento de consejeros.

–Respeto a la integración de comités municipales para que éstos sean definidos en cada localidad y eviten así, injerencias externas.

–Reconstruir mediante la recuperación de la municipalidad partidista, los distritos para diputaciones y senadurías, incluida la Presidencia de la República.

–Respeto a militancias para que fortalezca el perfil incluyente del Partido.

¿A cuáles de esas demandas podrá responder Guajardo?

Es difícil responder a esa pregunta, pero es evidente que un reclamo no quiere ni siquiera escucharlo: el relativo a la redistribución de consejeros para quitarle a Victoria su bastón de mando en ese terreno.

Es entendible por dos razones.

Una de ellas es que no se manda solo y que quienes manejan los hilos de este Comité Directivo no querrán compartir el poder.

La otra es que precisamente ese grupo victorense fue el que lo llevó a la dirigencia tricolor estatal. Si accede a una reestructuración en ese campo, aunque sea de plena justicia, Guajardo se estaría poniendo la soga en el cuello, porque en automático quedaría en desventaja frente a sus opositores.

No son días de campo los que le esperan a Sergio. Y una advertencia recibida al iniciar un recorrido en el Estado para su “operación cicatriz”, le resuena en los oídos:

“Si no elaboras un plan incluyente iniciaremos desde ya tu cambio a partir del 16 de diciembre”.

A buen entendedor, pocas palabras…

DOS AÑOS PERDIDOS

El año entrante el Estado de Veracruz, querido vecino geográfico, volverá a vivir una elección para elegir Gobernador. Aún no digiere el cambio partidista y ya se asoma a otra experiencia de ese tipo.

Y el balance no parece ser recomendable.

Hasta ahora, Miguel Angel Yunes ha desempeñado el papel de Fiscal de Hierro o de verdugo del condado, al concentrar sus afanes en hundir a su antecesor, el priísta Javier Duarte. Y en esa obsesión se le olvidó que lo eligieron para impulsar a una Entidad, no para jugar al sheriff.

En ese saldo queda entonces algo claro: Para hacer un trabajo real de gobernador dos años sirven para tres cosas. Para nada, para nada y para pura…

En el tiempo que lleva Yunes no ha habido obra pública, la economía se estancó y la violencia lo ubica entre los diez estados más peligrosos de México. Es una historia muy parecida a una más cercana para los tamaulipecos.

Así las cosas, debería pensarse en establecer a los candidatos condiciones para ese par de años, porque se corre el riesgo de que sirvan sólo para cumplir caprichos personales o como en el caso de don Miguel Angel en tierras jarochas, acumular más activos en sus cuentas personales.

Aunque hoy, los veracruzanos agradecen que Yunes sólo durará un año más…

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