El 17 de abril de este año entraron en vigor las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, surgiendo de esta manera el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, unidad a la que tendremos que rendir cuentas en breve, registrando nuestros números telefónicos junto con nuestros datos personales.
La nueva ley ha provocado un escándalo en la comunidad, y es que información tan sensible como los datos biométricos deberá ser proporcionada por los más de 124 millones de usuarios de telefonía móvil en nuestro país. Entre tanta controversia, era inevitable que el inocente cuestionamiento surgiera: “¿Y qué pasa si no me registro?”. La respuesta por parte de las autoridades ha sido bastante clara, y nosotros te la explicaremos a continuación.
¿Se trata de una distopía orwelliana o qué está pasando?
Lo cierto es que el Padrón exigirá a cada persona que cuente con un número de teléfono celular que presente a la operadora de su tarjeta SIM su nombre completo, dirección, nacionalidad, el número de un documento oficial con fotografía y la toma de algunos datos biométricos, como las huellas digitales o el rostro. La fecha límite para la entrega de esta información es el día 16 de abril del 2023.
Todas las personas que cuenten con un dispositivo móvil y no lo hayan registrado ante el Padrón antes de la fecha mencionada se les cancelará en automático su servicio de telefonía. Además, aquellas que registren sus líneas fuera de plazo, las que hagan un uso incorrecto de los documentos presentados para el registro o las que hayan proporcionado información falsa se les podrá penalizar con multas que van desde los mil quinientos hasta el millón de pesos.
La mayor réplica de la población va en contra de la indicación de entregar nuestra información personal a terceros, ya que podría resultar muy riesgoso, tal como pasó con el medio millón de usuarios de Telcel que se vieron afectados cuando su información fue compartida sin su consentimiento. De acuerdo a la versión del Gobierno estas medidas se toman con la intención de tener un registro de las personas que utilizan telefonía móvil, y se supone que solo autoridades de seguridad de procuración de justicia tendrán acceso a esta información.
Aunque el Presidente de la República, André Manuel López Obrador, se ha posicionado en contra de la censura electrónica, en anteriores administraciones hemos sido testigos de severos casos de espionaje cibernético por parte del Gobierno, por lo que el descontento de la población es plenamente justificado.
Estudios del año 2020 revelaban que el Gobierno así como usuarios bancarios eran los sujetos más atacados por hackers en México. La situación, hasta el momento, sigue sin parecer favorable para las autoridades. No obstante la Ley ha sido aprobada, y queramos o no nos veremos en la necesidad de registrar nuestra información si queremos seguir utilizando nuestro número de celular.