Del 18 al 20 de enero se llevó a cabo una encuesta de opinión dirigida a 180 investigadores (todo el personal académica) del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en AntropologÃa Social (CIESAS) para evaluar la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, TecnologÃas e Innovación (HCTI), que presentó el Ejecutivo el 13 de diciembre de 2022.
De los 180 investigadores consultados de forma electrónica, 79 respondieron la encuesta (lo que representa un total del 43.8 % de los académicos de la red nacional de CIESAS).
El perfil de calificación cientÃfica de los participantes, se lee en el documento, es alto; muchos de ellos (el 89 %) leyeron completa o parcialmente la iniciativa de Ley; otros participaron en las consultas sobre la ley que se hicieron en diversas sedes de Ciesas, asà como en el sindicato, foros institucionales o en consultas que llevó a cabo el Conacyt.
Una de las conclusiones fuertes fue que el 84 % de los participantes dijo que su opinión ante la iniciativa de Ley no serÃa considerada o sólo serÃa atendida de forma muy parcial.
“La encuesta permitió observar una clara preocupación en el colectivo de académicos, postdoctorantes y cátedras, aunque no son personal formalmente contratado por Conacyt, sobre el impacto de la nueva Ley General en Materia de HCTI”, se lee en el documento.
La encuesta sirvió para revelar también algo que la comunidad cientÃfica ya habÃa advertido: la percepción de que las metas cientÃficas se pueden tambalear al estar supeditadas a los criterios polÃticos.
Otro punto que inquietó a los investigadores fue “la presencia de las Fuerzas Armadas en la Junta de Gobierno, instancia en donde se decide la polÃtica cientÃfica del paÃs y en la que cada vez hay menor representación académica y mayor de instituciones burocráticas como son las secretarÃas de Estado”.
Otras inquietudes de la comunidad es que se pierda la estabilidad laboral si desde la Suprema Corte de Justicia se decide un cambio de apartado. Esto afectarÃa las posibilidades de buenas jubilaciones, crearÃa incertidumbre respecto al financiamiento (puesto que podrÃa dejar de asignarse el 1 % del PIB a la ciencia) y tendrÃa estragos en la incorporación de nuevos investigadores.
La sÃntesis de resultados, incluÃda en el documento, arrojó que:
El 87 % tiene inquietud de que los Pronaces afecten la autonomÃa académica.
El 87 % no confÃa en que las fuerzas armadas sean integradas en órganos académicos.
Al 74 % le inquieta “la reconversión a servidores públicos en lugar de investigadores”.
El 78 % proyectó que la Ley de Ciencia y TecnologÃa tendrá consecuencias negativas en la trayectoria de los nuevos investigadores.
El 92 % cree que no es favorable la falta de compromiso presupuestal .