El debate en torno al futuro del notariado en México ha tomado fuerza, luego de que trascendiera que el Gobierno Federal analiza una iniciativa para reformar las facultades de los notarios públicos en todo el país.
Actualmente, el ejercicio de la función notarial es una atribución exclusivamente estatal, según lo establece el Artículo 124 de la Constitución, que reserva a los estados todas aquellas facultades no conferidas a la Federación. Sin embargo, la nueva propuesta abriría la puerta a un centralismo en la regulación del sector, lo que podría transformar de manera radical la operación de las notarías.
Entre los puntos centrales que se discuten se encuentra la regulación de precios para establecer un tabulador nacional fijo para evitar cobros excesivos en trámites notariales, considerados hoy como una barrera económica para usuarios y empresas.
Mayor fiscalización al implementar un control más estricto sobre las prácticas de los notarios, en particular respecto a la retención y pago de impuestos, tema en el que el SAT ha detectado irregularidades.
No obstante, el tema ha despertado expectativas entre sectores económicos y profesionales que ven en los elevados aranceles notariales un freno para la formalización de negocios y trámites legales.
Fin a la “herencia familiar” de notarías al eliminar el traspaso de patentes de Fiat de padres a hijos, situación observada en estados como Puebla, Tabasco, Morelos, Chiapas, Hidalgo y Veracruz.
Reducción de facultades estatales al retirar a los gobiernos estatales la atribución de asignar notarías, lo que ha generado fricciones al interior del oficialismo. Hasta ahora, la Dirección de Asuntos Notariales, encabezada por Guillermina Reynoso Ochoa, no cuenta con antecedentes oficiales de este intento de centralismo en la materia.
A nivel local y estatal el Colegio de Notarios Públicos encabezado por Raúl Enrique Padilla García no ha emitido alguna posición oficial en relación a este trascendido de cambios y reformas a nivel central.