A casi cuatro años del inicio de la actual administración estatal, el proceso legal derivado de la anulación de FIAT y patentes notariales otorgadas durante el sexenio anterior continúa en curso.

Sin embargo, las autoridades consideran poco probable que dichas designaciones puedan ser restituidas debido a las presuntas irregularidades detectadas en su expedición.

El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas, informó que al inicio del gobierno fueron anuladas alrededor de 48 patentes notariales y 26 FIAT, además de que algunos de sus titulares optaron por presentar su renuncia de manera voluntaria.

Explicó que, de ese universo, aproximadamente seis personas promovieron juicios de amparo, mediante los cuales un juez ordenó al Gobierno del Estado garantizarles el derecho de audiencia a través de un procedimiento administrativo antes de emitir una resolución definitiva.

Precisó que ese procedimiento ya se encuentra en desarrollo y que las personas involucradas han sido notificadas para que comparezcan, presenten las pruebas que estimen convenientes y expongan los argumentos con los que pretendan defender la legalidad de las patentes o FIAT que les fueron otorgados.

Sin embargo, el funcionario sostuvo que resulta complicado que esas designaciones vuelvan a tener vigencia, ya que durante la revisión realizada por la administración estatal se detectaron múltiples incumplimientos a la legislación.

 

Entre las principales anomalías, mencionó que las patentes y FIAT fueron entregadas sin someterse al concurso previsto por la normatividad, además de que en varios casos no se aplicaron los exámenes de conocimientos que exige la ley para desempeñar la función notarial.

Añadió que también se encontraron expedientes incompletos, en los que incluso no existía certeza de que los beneficiarios cumplieran con requisitos básicos, como acreditar la mayoría de edad, la formación profesional en Derecho o el resto de las condiciones constitucionales y legales para ejercer como notarios.

Beas subrayó que la función notarial constituye una actividad de orden público e interés social, por lo que corresponde al Estado garantizar que quienes reciban una patente cumplan plenamente con todos los requisitos legales, al tratarse de una función que brinda certeza jurídica a la ciudadanía.

Indicó que en Tamaulipas existen 328 FIAT autorizados, de los cuales alrededor de 290 se encuentran actualmente en funcionamiento, mientras que el resto permanece sin actividad por distintos motivos, entre ellos las nulidades que siguen sujetas a procesos legales.