domingo, 22 de noviembre de 2026
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Opinión

ASE : Más que una celebración , una oportunidad histórica

La celebración del 25 aniversario de la Auditoría Superior del Estado puede representar mucho más que una ceremonia institucional. Es una oportunidad histórica para demostrar que en Tamaulipas la fiscalización puede realizarse con rigor, apego a la ley y sin distinciones partidistas.

Durante el aniversario, Francisco Noriega Orozco reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, al tiempo que sostuvo que ese acompañamiento respeta la autonomía técnica y de gestión del organismo. Una declaración cuyo alcance deberá reflejarse en la revisión de las cuentas públicas y en el seguimiento de las irregularidades detectadas.

Conozco a Francisco; lo considero un hombre correcto, al que le gusta hacer bien las cosas. Precisamente por ello, creo que tiene frente a sí la posibilidad de dejar una huella importante: que quienes administran recursos públicos entiendan que las responsabilidades no desaparecen por pertenecer al partido gobernante ni por tener aspiraciones electorales.

El asunto cobra relevancia ante las declaraciones del diputado Eliphaleth Gómez Lozano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASE, quien advirtió que las observaciones graves sin aclarar y las cuentas públicas reprobadas podrían cerrar el paso a aspirantes dentro del proceso de selección de Morena rumbo a 2027. Ese compromiso también tendrá que acreditarse cuando llegue el momento de definir candidaturas.

Porque una cosa es exigir honestidad en los discursos y otra sostener esa exigencia cuando afecta a un alcalde con estructura política, respaldo de grupo o posibilidades de ganar una elección.

Un caso que merece seguimiento es El Mante. De acuerdo con lo publicado por esta casa editora el pasado 17 de noviembre, la administración de Martha Patricia Chío de la Garza mantenía pendientes de solventar observaciones por 22 millones 951 mil 698 pesos, correspondientes exclusivamente a octubre, noviembre y diciembre de 2024, sus primeros tres meses de gobierno, con Rigoberto Rodríguez Rangel al frente de la Tesorería.

Casi 23 millones de pesos observados en apenas tres meses. A casi dos años del periodo revisado, los mantenses merecen una explicación precisa sobre qué se ha aclarado, qué continúa pendiente y por qué no se han atendido satisfactoriamente los señalamientos.

El tiempo transcurrido no demuestra, por sí solo, que sea imposible solventarlos. Tampoco permite convertir automáticamente todo el monto observado en un quebranto acreditado. Pero sí vuelve más apremiante la pregunta: ¿en qué etapa se encuentra el procedimiento y qué resultados ha producido el seguimiento de la Auditoría?

Ahí está la prueba para Noriega. Si la documentación presentada permite aclarar las observaciones, que se informe con precisión. Si persisten irregularidades que ameriten promover responsabilidades, que se proceda conforme a la ley. La ciudadanía necesita conocer el resultado de la fiscalización, además del monto inicialmente observado.

La ASE no tiene que repartir candidaturas ni resolver disputas electorales. Su responsabilidad es revisar las cuentas con imparcialidad y dar seguimiento a sus hallazgos. A los partidos les corresponde decidir si la honestidad que pregonan será una exigencia efectiva para sus aspirantes.

Y si se acredita un manejo indebido del dinero público, ¿con qué autoridad moral podrían premiar a sus responsables con una reelección o una diputación? ¿Cómo explicarían a los ciudadanos que alguien merece administrar más recursos o elaborar leyes cuando incumplió sus obligaciones en el cargo anterior?

Esa es la oportunidad histórica que tiene Francisco Noriega: contribuir a que la rendición de cuentas produzca consecuencias, incluso cuando incomode a personajes cercanos al poder.

A sus 25 años, la Auditoría puede dejar un precedente que trascienda la celebración: que ninguna aspiración política sea más importante que la obligación de responder por el dinero de los tamaulipecos.

Victoria, mucho potencial desaprovechado

Durante décadas, Ciudad Victoria ha vivido bajo una realidad económica que pocos se han atrevido a cambiar: su enorme dependencia de la burocracia.

Y es que, por su condición de capital del estado, buena parte de la actividad económica gira alrededor de las dependencias gubernamentales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las oficinas federales y, desde luego, los miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de estas instituciones.

No es ningún secreto que cuando el Gobierno del Estado reduce el gasto, retrasa pagos o, como comúnmente se dice, amarra el dinero, las consecuencias se sienten prácticamente en todos los sectores de la economía victorense.

Lo resienten los restaurantes, los comercios, los prestadores de servicios y hasta los pequeños negocios que dependen del consumo diario de las familias.

Es una cadena productiva que comienza a perder fuerza cuando disminuye la circulación del dinero.

Por eso resulta interesante la propuesta que recientemente presentó ante el Congreso del Estado la diputada Katalyna Méndez Cepeda, quien busca que el Gobierno Municipal de Victoria, a través del área de Desarrollo Económico y Turismo, impulse políticas públicas para aprovechar el potencial turístico de la capital tamaulipeca.

Y debemos decirlo: no vemos con malos ojos esta iniciativa. Por el contrario, creemos que merece ser analizada con seriedad.

Porque, si algo necesita Ciudad Victoria, es comenzar a buscar alternativas económicas que le permitan dejar de depender tanto del presupuesto gubernamental.

Basta observar nuestra ubicación geográfica.

A unos cuantos kilómetros tenemos escenarios naturales extraordinarios como Los Troncones, el Cañón del Novillo, Alta Cumbre y diversas comunidades rurales enclavadas en la Sierra Madre Oriental.

Pero, además, Victoria podría convertirse en un punto estratégico de conexión hacia destinos como El Chorrito, Jaumave, Tula y La Pesca.

Lograr que una parte importante de los visitantes que se dirigen hacia estos destinos elijan a Ciudad Victoria para hospedarse, disfrutar de su gastronomía, comprar en sus comercios y contratar servicios turísticos representaría una importante derrama económica, impulsaría la generación de empleos y abriría nuevas oportunidades de crecimiento para las familias victorenses.

Estaríamos hablando de generar una nueva actividad económica capaz de beneficiar a diversos sectores productivos y familias de las comunidades rurales.

Y hay otro aspecto que no podemos pasar por alto, porque representa uno de los síntomas más evidentes del rezago que enfrenta Ciudad Victoria en materia de desarrollo económico y turístico: la prácticamente nula conectividad aérea de la capital tamaulipeca.

Resulta difícil entender cómo una ciudad que alberga los poderes del Estado, dependencias federales, instituciones educativas y una importante actividad administrativa cuenta con opciones de transporte aéreo tan limitadas.

Hoy, muchos victorenses que necesitan viajar a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, negocios, atención médica o cualquier otro motivo se ven obligados a trasladarse por carretera hasta Tampico o Monterrey para encontrar mejores alternativas de vuelos hacia su destino.

Y lo mismo ocurre cuando necesitan viajar a otras ciudades del país.

Esto no solamente representa una pérdida de tiempo y mayores gastos para las familias y los empresarios, sino que también constituye un obstáculo para el desarrollo económico de Victoria.

Porque mientras los pasajeros se trasladan a otras ciudades para abordar un avión, buena parte del consumo asociado a esos viajes termina beneficiando a economías ajenas a la capital.

Pero el problema también funciona en sentido contrario.

¿Qué tan atractivo puede resultar para un empresario, inversionista o turista visitar Ciudad Victoria si para llegar debe enfrentar conexiones complicadas o trasladarse varias horas por carretera desde otro aeropuerto?

Por eso, si verdaderamente queremos convertir a Victoria en un punto estratégico para el turismo regional, la conectividad aérea debe formar parte de cualquier proyecto serio de desarrollo económico.

Y aquí es donde la propuesta de Katalyna Méndez adquiere relevancia.

La legisladora plantea algo que durante mucho tiempo no ha sido atendido con la continuidad y la visión que merece: aprovechar las ventajas naturales y geográficas de Victoria para convertirlas en oportunidades de desarrollo.

Porque atractivos tenemos. Lo que nos ha faltado es una estrategia integral para promocionarlos, facilitar su acceso y convertirlos en productos turísticos capaces de atraer visitantes y, sobre todo, generar derrama económica.

Desde luego, sería ingenuo pensar que el turismo resolverá de la noche a la mañana los problemas económicos de la capital.

Se requiere infraestructura, seguridad, caminos en buenas condiciones, capacitación para los prestadores de servicios, promoción y, principalmente, voluntad política para que los proyectos tengan continuidad más allá de una administración municipal.

Pero también debemos preguntarnos: ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para comenzar?

Necesitamos que llegue dinero de otras partes, que los visitantes consuman aquí y que se generen oportunidades para quienes no tienen una plaza gubernamental ni dependen de una nómina oficial.

Por eso creemos que el exhorto presentado por la diputada victorense merece algo más que ser enviado a comisiones y terminar archivado entre tantos buenos propósitos.

Y tampoco estaría de más que el Gobierno del Estado, a través de sus áreas de turismo y desarrollo económico, participara en un proyecto regional de esta naturaleza.

Porque no se trata de colores partidistas ni de quién se cuelga la medalla.

Se trata de encontrar nuevas oportunidades para una ciudad que durante muchos años ha vivido principalmente de la burocracia.

Hoy existe una propuesta concreta sobre la mesa.

¿Por qué no darle una oportunidad?

Después de todo, si durante décadas hemos seguido prácticamente el mismo modelo económico, tampoco podemos sorprendernos de continuar enfrentando las mismas limitaciones.

Ciudad Victoria puede ofrecer más que oficinas gubernamentales y empleos burocráticos.

La pregunta es si finalmente habrá voluntad para aprovecharlo.

Y, sobre todo, si esta vez las buenas intenciones lograrán convertirse en resultados.

La transparencia, una obligación en el manejo del dinero de los tamaulipecos

Mientras la Fiscalía General de la República anuncia su incorporación a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos para facilitar el acceso ciudadano a información pública, en El Mante consultar la versión pública de la declaración patrimonial del tesorero Rigoberto Rodríguez Rangel exige registrarse y enviar un correo para solicitar acceso.

El contraste merece atención. Por un lado, una institución anuncia mecanismos para acercar información a la ciudadanía; por otro, consultar el patrimonio declarado de quien administra el dinero municipal implica un trámite previo de identificación del interesado.

¿Por qué debe identificarse el ciudadano para conocer la versión pública de la declaración patrimonial de un servidor público? ¿Qué justifica que esa información no esté disponible para consulta directa?

Hablamos de la versión pública, con la protección de los datos personales correspondientes. El Ayuntamiento debe explicar el fundamento de esos requisitos y aclarar si la consulta depende de una autorización, quién la concede y bajo qué criterios.

La incorporación de la FGR a una plataforma de datos abiertos tampoco significa que toda su información quede disponible sin restricciones. Pero sí representa un compromiso de apertura que permite plantear una exigencia elemental a los gobiernos municipales: facilitar la consulta de información pública y explicar cualquier limitación.

En el caso de Rodríguez Rangel, estas barreras adquieren mayor relevancia ante los señalamientos sobre el manejo de los recursos municipales documentados por esta casa editora. En ese contexto, dificultar la consulta de la declaración del tesorero alimenta la desconfianza y abre preguntas que deberían responderse con documentos.

Los requisitos de acceso no demuestran por sí mismos malos manejos ni ocultamiento patrimonial. Pero tampoco ayudan a despejar las dudas sobre una administración cuyo ejercicio del gasto ha sido cuestionado.

Rigoberto Rodríguez Rangel tiene una oportunidad concreta para contribuir a la transparencia: facilitar el acceso directo a su declaración patrimonial en versión pública y explicar los obstáculos que hoy enfrenta quien busca consultarla.

La confianza se construye permitiendo que la ciudadanía revise. Y quien administra el dinero de los mantenses debería ser el primero en facilitar esa revisión.

Correo electrónico :CabalgataPolítica@elmercurio.com.mx

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