El Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social (OAPRS) refiere que, de diciembre 2018 a agosto 2026 cerraron 37 centros penitenciarios, 32 operados por gobiernos locales, 5 prisiones federales de alta seguridad, y las Islas Marías.

Las estadísticas citan que en agosto 2026 la capacidad instalada es de 217 mil 554 reclusos y la población penitenciaria pasó de 200 mil 936 internos a 275 mil 554, lo que refleja falta de capacidad instalada. El gobierno federal anunció la construcción de 6 centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, los cuales suman 18,480 espacios hacia el año 2028.

En el período 2018-20 la población penitenciaria se mantenía estable entre 199 mil a 202 mil personas. En el periodo 2020-25, la cifra subió a 252 mil reclusos. El pico se dio a fines de 2024 y fines de 2025, sumando 21 mil reclusos, crecimiento de 39% en la población en comparación con diciembre 2018.

Durante 2025 se registraron 33.8 millones de delitos en el país, sólo 9% (3 millones de delitos) son denunciados. De las denuncias presentadas, en 73% de los casos se abre carpeta de investigación. Las razones para no denunciar: pérdida de tiempo (36%) y desconfianza en la autoridad (13%) Delitos con cifra oculta: secuestro (98%), extorsión (98%) y fraude (97%) son los que menos se denuncian.

Del 1% al 3% de las carpetas de investigación terminan en sentencia condenatoria. El trayecto de una carpeta de investigación es el siguiente: El análisis de impunidad de México Evalúa, cita que de cada 100 carpetas que abren los Ministerios Públicos, 6 son judicializadas para iniciar proceso penal o pedir orden de aprehensión, 94% se queda en archivo temporal, en abstención de investigar.

Solo 1 de cada 10 casos en juzgados obtiene sentencia: En tribunales el rezago es crítico. Los reportes citan que 89% de los casos que en juicio se quedan sin resolver logrando sentencia efectiva (condenatoria o absolutoria) en el 10% de los asuntos que procesa el poder judicial.

A pesar de la baja denuncia de los delitos que la población sufre y de la baja cifra condenatoria en los Tribunales, el número de reos creció en México, lo que significa que la actividad criminal está sin control por impunidad generada por la enorme pérdida de tiempo en las Fiscalías y la lentitud en los Tribunales, lo que agota la confianza social hacia las Fiscalías y el Poder Judicial.