La tala de selva virgen para abrir paso al tramo 5 del Tren Maya seguirá detenida. Un juez federal ha ordenado la suspensión definitiva de las obras del ferrocarril entre Playa del Carmen y Tulum hasta que se resuelva el juicio, lo que podría tardar meses o incluso años. El magistrado confirma así su decisión de abril, cuando paralizó de forma provisional la construcción por la falta de permisos ambientales, y se inclina a favor del grupo de buzos que presentó una demanda contra el proyecto alegando que provocará un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona.

El principal argumento del juez Adrián Fernando Novelo es que las autoridades no cuentan con la autorización de impacto ambiental requerida para cualquier obra en el país. “Si bien la sociedad está interesada en el desarrollo de vías de comunicación, de igual manera lo está en que ello se desarrolle sin la afectación al medio ambiente y con base en la normativa que al respecto se prevé en el derecho mexicano”, dice el escrito publicado este lunes. El Gobierno se había escudado en un decreto de noviembre del año pasado que designó el proyecto como un asunto de “seguridad nacional” para sortear los trámites a los que debía someterse. Pero el juez Novelo ha ordenado que, pese al decreto, el Tren Maya debe respetar la ley. Fonatur, la autoridad encargada del proyecto, todavía puede apelar el fallo conocido este lunes.

El escrito del juez también hace hincapié en el derecho humano a un medio ambiente sano, incluido en la Constitución mexicana. “De no concederse la suspensión”, dice el magistrado, “implicaría la tala de árboles, la destrucción de la flora y de las especies nativas, la perforación del suelo o cualquier otra consecuencia” al ecosistema del lugar, que no podría volver “a las condiciones que actualmente tiene” si el juicio llega a resolverse a favor de los demandantes. Por ello, el magistrado busca con esta medida “evitar daños inminentes e irreparables al medio ambiente”. El juez se basa en el principio de precaución, que implica que, “cuando haya peligro de daño grave o irreversible”, la Justicia deberá tomar las medidas necesarias para proteger al medio ambiente.

Pepe Urbina, uno de los buzos que presentaron la demanda junto a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), celebró la decisión del juez desde la zona de la selva afectada por la tala, que inició en marzo pasado. Urbina se encontraba allí junto al biólogo Roberto Rojo haciendo un censo de la fauna silvestre que habita en las cuevas y ríos subterráneos con los que se ha topado la construcción del tren. “Fue un momento muy romántico porque estábamos bajo la lluvia en el tramo devastado y nos abrazamos al conocer la noticia”, dice entre risas. Pero Urbina tiene claro que ésta “no es una victoria” sino solo un “round”. “En el primer ‘round’ nos destrozaron, nos podrían haber matado ahí nomás de desánimo e impotencia”, dice, refiriéndose a la destrucción de la selva. “Ahora nos sentimos muy fuertes pero el rival ya vio que puede sangrar y se va a enojar”.

La presión de buzos como Urbina, así como de espeleólogos, científicos, ecologistas e incluso artistas por el impacto ambiental que estaba ocasionando el tramo 5 de la obra puso contra las cuerdas a Fonatur, que había empezado los trabajos sin contar con los estudios de impacto ambiental necesarios. La autoridad finalmente presentó el pasado 20 de mayo ese documento, en el que reconoció la afectación “crítica” que ocasionará la deforestación de más de 485 hectáreas de selva virgen. Pero la manifestación de impacto ambiental todavía no ha recibido el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), un requisito indispensable en cualquier obra del país. La presión sobre esa dependencia ahora es enorme.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que el ferrocarril tiene que echar a andar a finales del año que viene, por lo que la decisión del juez supone un duro varapalo para uno de los megaproyectos estrella del Gobierno. “Piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared (…) pero vamos a pedir a los jueces que resuelvan lo más pronto posible”, dijo el mandatario el pasado 29 de abril en su conferencia matutina desde Isla Mujeres, en Quintana Roo. “Los amparos son de organizaciones financiadas por empresas, otros incluso por el Gobierno de Estados Unidos”, llegó a acusar. El presidente defendió entonces el ferrocarril, asegurando que supone la creación de 105.000 empleos y una inversión de 280.000 millones de pesos. “Nunca en la historia del sureste se había llevado a cabo una obra así”.

Pero, según Pepe Urbina, “cada vez es más evidente que no somos esas personas que decían que éramos”, refiriéndose a las acusaciones del presidente. “Nosotros tenemos algo que ellos no tienen: no perseguimos un interés económico. A mí no me va a paga un jaguar por querer protegerlo. Ellos sí tienen que rendir cuentas”, responde el buzo, que lleva casi 20 años recorriendo las cavernas y cenotes de la zona, como Sac Actún, el mayor sistema de cavernas sumergidas del mundo con más de 300 kilómetros explorados. Esas cuevas forman parte del acuífero maya, una de las principales reservas de agua dulce del país, y la zona afectada por la tala para construir el tren está dentro del segundo pulmón forestal más importante de América después de la Amazonía.

El fallo conocido este lunes “sienta un precedente para todos los demás amparos que vienen después”, dice Urbina. Y son unos cuantos: el tramo 5 del Tren Maya acumula otras cuatro órdenes de suspensión provisional por diversas demandas presentadas por DMAS, la organización Litigio Estratégico y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Sobre todas ellas deberá resolver el juez Novelo si otorga también la suspensión definitiva. Pase lo que pase, lo que está claro es que se avecina una larga batalla judicial.