La justicia federal ya impuso récord en el tiempo de espera para resolver un amparo contra una sentencia condenatoria.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Morelos lleva ya dos años y medio sin dictar sentencia en el amparo de los 12 ex elementos de la Policía Federal que en agosto de 2012 atacaron a 2 agentes de la CIA y un marino en Tres Marías, Morelos.

Los implicados presentaron su demanda de garantías contra la condena de 16 años de prisión que el 30 de octubre de 2019 les impuso el Primer Tribunal Unitario de Cuernavaca.

De entonces a la fecha, el caso fue turnado por el tribunal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá rechazó asumir la competencia del caso y lo devolvió al colegiado morelense.

Desde el penal federal de Ocampo, Michoacán, los ex agentes manifestaron en una carta su preocupación ante la posibilidad de que la Embajada de Estados Unidos en México influya en este proceso y la resolución final no sea apegada a derecho.

“Solicitamos de su valiosa intervención para que nos ayuden en el sentido del por qué los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, no ha resuelto nuestros amparos directos. Ya han pasado dos años cuatro meses hasta el día de hoy desde que se invocó el primer amparo directo y no han emitido ninguna sentencia”, indica la misiva.

“Tanto nosotros como nuestras familias estamos desesperados y, a la vez, temerosos de que la ley no se aplique con derecho por el solo hecho de que el personal de la Embajada de Estados Unidos esté influyendo ante las autoridades mexicanas en perjuicio de todos nosotros”.

Alejandra Palafox, esposa del agente sentenciado Tomás Romanillo Armenta, dijo que lo único que pretenden los implicados es que el tribunal ya les resuelva el amparo, porque incluso si llegaran a negarlo, tendrían la opción de buscar un beneficio legal para salir de prisión.

Uno de ellos sería la solicitud de la libertad condicional, que puede pedirse una vez que los sentenciados cumplan con el 50 por ciento de la condena, algo que en este asunto ya han rebasado, pues llevan 10 de los 16 años a la sombra, el 62.5 por ciento del castigo.

“Ellos ahorita lo que quieren es que les den la solución al amparo, porque, como salga el amparo, a favor o en contra, ellos ya tendrían opciones legales; mientras, no pueden hacer nada y eso es lo que queremos: si van a pagar, pues que paguen, pero ellos con una sentencia ya tendrían el derecho a pedir una libertad anticipada”, dijo Palafox.

“El amparo ya lo estudiaron (los magistrados), que ya les den la solución, es una injusticia, ya merecen ejercer el derecho (a un beneficio) en tiempo debido, que ya cumplieron, y no se les ha dado solución”, externó.