La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México envió al Congreso del país una opinión en la que recomienda no aprobar la reforma energética propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por considerar que habría riesgos que afectarían a consumidores y empresas.

“El cambio de paradigma propuesto ocasionaría un aumento de costos a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas”, advirtió la Cofece en un comunicado.

La polémica iniciativa de reforma del presidente López Obrador busca limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad CFE, empresa del Estado, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

La reforma, que también propone la nacionalización del litio, se enmarca dentro de la promesa de fortalecer las estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Cofece dijo que “no se debe aprobar la iniciativa” y, por el contrario, se tiene que consolidar un modelo eléctrico que sea capaz de abastecer electricidad en las mejores condiciones y apoye el desarrollo del país.

Y advirtió que la iniciativa comprometería el funcionamiento “eficiente” del sector en general y su capacidad para atender las necesidades presentes y futuras.

“Ello afectaría negativamente tanto a los consumidores como a las empresas, la competitividad del país y con ello su crecimiento económico”, indicó.

Precisó que si se aprueba la iniciativa de López Obrador, se va a eliminar la competencia en el sector eléctrico y los mecanismos de regulación que permiten su desarrollo eficiente.

La iniciativa “renuncia de manera tajante” al modelo de competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado “y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda”, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas, aseguró.

Añadió que en la propuesta no se integran mecanismos para asegurar que la electricidad generada y despachada tanto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por privados en el sistema sea la menos costosa.

“Un cambio como el que se propone retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes; asimismo desincentivaría la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente”, zanjó.

Y estimó que la cancelación de todos los permisos de generación y contratos de compraventa de electricidad vigentes con el sector privado se traducirían en una restricción de la oferta, así como en una inutilización de activos y en mayores desincentivos a la inversión.