La secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció que el próximo lunes 3 de marzo entrará en vigor el acuerdo histórico entre el gobierno federal y empresarios gasolineros para establecer un tope máximo de $24.00 por litro de gasolina magna. Este compromiso voluntario busca proteger la economía familiar y mitigar el impacto de los precios del combustible en el poder adquisitivo de los mexicanos.

La funcionaria destacó que no se trata de un control de precios, sino de una decisión colectiva que refleja el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado. Aunque la mayoría de las empresas ya se sumaron al acuerdo, algunas aún no lo han hecho, y se buscará convencerlas mediante reuniones estratégicas.

El objetivo central del acuerdo es cuidar la economía de las familias mexicanas, quienes enfrentan un incremento constante en los costos de transporte, alimentos y servicios debido a la volatilidad en los precios de la gasolina.

Según explicó González, el precio del combustible tiene un efecto directo en el bolsillo de todos los ciudadanos, por lo que este tope máximo representa un esfuerzo sin precedentes para garantizar estabilidad económica.

Además, Pemex facilitará la distribución de última milla y mantendrá un precio único en sus terminales de almacenamiento y distribución, asegurando que los comercializadores tengan ganancias razonables para sostener el acuerdo a largo plazo.

El acuerdo también contempla un monitoreo riguroso por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar abusos o desviaciones en los precios establecidos.

Las y los empresarios gasolineros se comprometieron a desarrollar estrategias de mercado que permitan mantener ganancias justas, asegurando la viabilidad del acuerdo en el futuro. La secretaria destacó que Hacienda mantendrá los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que contribuirá a sostener el precio tope.

Este esfuerzo conjunto refleja la voluntad del gobierno y el sector empresarial por priorizar el bienestar de la población.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el acuerdo no es temporal y que su intención es que sea permanente. Sin embargo, se evaluará su implementación cada seis meses para ajustar estrategias y garantizar su efectividad.

Durante este periodo, se analizarán los resultados y se volverá a firmar el compromiso si se considera necesario. Sheinbaum destacó que esta medida no solo beneficia a los consumidores, sino que también fomenta un mercado justo y equilibrado para todos los actores involucrados.

El anuncio ha sido recibido con optimismo por la ciudadanía, quienes ven en esta iniciativa una oportunidad para recuperar estabilidad económica.

Finalmente, el acuerdo marca un hito en la política energética del país, demostrando que el diálogo y la cooperación pueden generar soluciones concretas a problemas cotidianos.

Aunque el proceso de implementación será gradual, con ajustes necesarios en la cadena de distribución, venta e importación, el compromiso de todas las partes involucradas garantiza un inicio sólido.

Este esfuerzo conjunto entre gobierno y empresarios no solo protege el bolsillo de los mexicanos, sino que también sienta las bases para una relación más transparente y colaborativa en el sector energético.