En una agitada audiencia que concluyó en los primeros instantes de este sábado, en la que le negaron la libertad provisional en el Caso Odebrecht, el ex director de Pemex dijo que estas intromisiones indebidas no sólo agravian a los jueces sino a los medios de defensa.

“Este caso es muy triste, creo que nuestro país merece más, es un caso de extrema injerencia política, muy grave, en la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero se les va a acabar todo porque no habrá criterio de oportunidad, pelearé por mi inocencia”, advirtió.

“Es un caso extremo de injerencia en el Poder Judicial, agraviando a los jueces, los actos de defensa, a mí y mi familia, creo que son cosas que en un país no deberían suceder”.
“La UIF también citó a mi papá y le dijeron ‘no le va a gustar lo que le voy a decir, pero ahora son 30 (millones de dólares) por el acuerdo reparatorio”.

Lozoya ayer tenía altas expectativas de salir de la cárcel, porque hizo una petición con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a los jueces a revisar la prisión preventiva cuando un procesado cumple dos años de reclusión sin sentencia.

Anoche, sin embargo, el juez sustituto de enjuiciamiento, José Rivas González, le negó el beneficio porque consideró que una excepción a esa regla es que el procesado cumpla dicho plazo en prisión como consecuencia de sus actos de defensa.

Y Lozoya llevó a cabo esos actos, según el juez, al negociar infructuosamente un criterio de oportunidad con el que pretendía la inmunidad penal.

El ex director de Pemex reveló que nunca estuvo de acuerdo con repararle un daño a Pemex ni siquiera por 10.7 millones de dólares, la cifra que consta en la acusación por escrito, sin embargo, aceptó el trato inicial por la persecución a su familia. Al final, el gobierno subió el monto a 30 millones y el trato se vino abajo.

“En estos ánimos de llegar a un acuerdo reparatorio, ellos señalaron una cantidad con la que no estaba de acuerdo, pero que acepté por el acoso a las mujeres de mi familia, a mi esposa, a mi hermana y a mi mamá; dijeron que aceptara un pago de 10.7 millones de dólares, pero un día dijeron que no, que era otro monto y que eran órdenes superiores, todos nos imaginamos (de dónde venía la instrucción)”, expuso.

“Dijeron que eran 30 millones de dólares por instrucciones superiores y nosotros preguntamos ¿con base en qué? Preguntamos si había un peritaje. Pero no sólo eso, mis abogados fueron a una reunión con Pemex y les dijeron ‘más vale que acepten porque tenemos órdenes de aprehensión contra las mujeres'”.

Lozoya ayer no tuvo suerte desde un principio, porque le cambiaron al juez cuyo criterio le hacía suponer que obtendría la libertad. A su llegada al recinto judicial, su defensa dijo estar muy confiada en que así sería.

El juicio del Caso Odebrecht está asignado al juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien la semana pasada le concedió la libertad provisional a un coimputado de Juan Collado con el mismo argumento que presentó Lozoya.

De hecho, también la semana pasada el juez Aquiles dijo en una audiencia que el reclamo de libertad del ex director de Pemex era procedente, pero que estaba impedido para resolverlo porque había una suspensión definitiva que ordenaba mantener el estado de las cosas, es decir, que el acusado continuara preso.

Por esa razón, Lozoya se desistió de esa suspensión y volvió a pedir la audiencia de revisión de medidas cautelares. Pero ayer al medio día, al ingresar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, su defensa se enteró que el juez Aquiles justamente ese día había iniciado su periodo vacacional.

En su lugar, fue designado Rivas González como juez sustituto de enjuiciamiento. Casi 12 horas después de iniciada la audiencia, con un criterio distinto, Rivas frustró la última esperanza que tenía el ex funcionario para abandonar la cárcel este fin de año.

La de ayer fue una diligencia en la que el intercambio de los fiscales federales con los abogados y el propio Emilio Lozoya transcurrió entre el debate jurídico y las acusaciones de amenazas, engaños y uso de documentos falsos.
“No le diga delincuente a mi madre”

Uno de los momentos ríspidos del trámite fue cuando Emilio Lozoya exigió al fiscal Manuel Granados Quirós no calificar a su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, como una delincuente.

Todo empezó porque Granados, el fiscal más belicoso que tiene la FGR, aprovechó un lapsus del acusado, quien en una ocasión se refirió a Marielle Helene Eckes como su esposa, pese a haber exhibido en el proceso un acta de divorcio fechada el 7 de abril de este año en Alemania.

“La red familiar de Lozoya es la esposa y hoy la menciona así, ‘esposa’, no obstante que en la audiencia pasada exhibió un documento de un juzgado de Munich sobre su supuesto divorcio, aquí hoy dijo ‘mi esposa'”, alegó el fiscal Granados.

“¿Qué valor puede tener esa acta de divorcio? Porque si recibe sobornos, utiliza a la mamá para que le oculte el dinero y compra una casa a nombre de su esposa, no nos queda duda de que ese documento fue fabricado y la red de ayuda sigue siendo la misma”.

Llegado su turno, el ex director de Pemex le dijo al fiscal que tuviera cuidado con las palabras.

“Yo le pido que sean cuidadosos en el uso del lenguaje, hablan de sobornos cuando son depósitos de dos años antes de que fuera funcionario público ¿cómo se soborna a alguien que no es servidor público?”, reviró.

“No se me acerquen en lo oscurito, no hable de mi madre como delincuente. Si tiene dudas sobre el acta de divorcio, denuncie ¿o lo va a seguir sumando a sus actos de coacción?”.

Volvió a cuestionar que su reclusión, dictada el 3 de noviembre de 2021, no tuviera más fundamento legal que aquella fotografía de la cena a la que acudió en el restaurante Hunán de las Lomas de Chapultepec.

Sobre todo, porque dijo que la FGR usó como argumento para recluirlo la existencia de una cuenta de 2 millones de euros, con la que podría financiar su fuga, y ese informe bancario ya fue cancelado por tratarse de una prueba ilícita.

“(Dijeron) que había violado el ‘pudor procesal’, así lo dijo el fiscal Manuel Granados Quirós, todavía sigo buscando en el ordenamiento jurídico dónde dice eso”, ironizó Lozoya.

El fiscal respondió la alusión: “No es por una fotografía que usted está en prisión, no es por falta de pudor procesal ni por instrucciones de nadie, sino por la variación de las condiciones objetivas que generaron su imposición”.

Lozoya expuso que en noviembre de 2021, tras la cena del Hunán, decidió acudir a la audiencia de cambio de medida cautelar a pesar de que sabía que lo iban a encarcelar.

“A sabiendas de que me iban a imponer la prisión preventiva justificada, yo vine con mi madre a enfrentarlo y no me arrepiento, le puedo asegurar que seguiré enfrentando al sistema de justicia”, le dijo al juez Rivas.
“El caso se va a caer”

El ex director de Pemex le manifestó al juez José Rivas González que el Caso Odebrecht va a correr la misma suerte que el de Agronitrogenados, es decir, que la FGR sufrirá una derrota judicial porque el caso se va a “caer”.

Aunque no mencionó por su nombre al presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, aludió a que en el país sudamericano, donde se originó el Caso Odebrecht, ya han sido absueltos los principales imputados y declaradas como ilícitas las pruebas de la investigación.

“En otra causa penal (Agronitrogenados) en la que también había un uso de la justicia, ya se les cayó el caso y éste también se les va a caer (…) los testigos de Brasil ya fueron declarados ilegales”, afirmó.

“Claramente esta prisión preventiva, ellos lo saben, es un acto notorio, me tiene en prisión preventiva con base pruebas prohibidas de origen en otros países, ya señaladas como improcedentes, ya declaradas como obtenidas bajo tortura, violación de la cadena de custodia, en la que un juez se puso de acuerdo con la policía; la sentencia está en la página de internet del Tribunal Supremo de Brasil. Es notorio que no hayan pedido la sentencia, pero es más sorprendente usar la prisión preventiva en términos económicos, para ver qué pueden obtener de mí y mi familia”.
Presidente quería dinero para sus proyectos

La defensa de Emilio Lozoya afirmó que este caso no concluyó con un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador quería 200 millones de dólares -en lugar de los 10.7 millones pactados- para financiar sus proyectos.

El abogado Alejandro Rojas Pruneda expuso durante la audiencia que su cliente continúa en la cárcel porque el jefe del Ejecutivo Federal consideró como una “inmoralidad” que asistiera al restaurante Hunán, a finales de 2021.

“La prisión preventiva puede estar ´vestida’ de legal, pero aquí el fiscal vino a decir que era por falta de ‘pudor procesal’, está en prisión por haber ido a comer a un restaurante, pero no por faltar al régimen cautelar impuesto; no ha habido un riesgo de fuga, no hay un temor de las víctimas. Es por una ‘inmoralidad, así lo consideró el señor presidente de la República, por la que el señor Lozoya está en la cárcel”, expuso Rojas.

“El problema es que el presidente no quería 10 millones de dólares sino 200 millones de dólares como con el señor Alonso Ancira, para financiar sus proyectos lo único que sucedió es que no accedimos a las extorsiones, eso sí es cierto”.

El fiscal Granados reprobó enseguida que el abogado hiciera alusiones al presidente y sus conferencias matutinas, porque estimó que eran informaciones extraprocesales y empleadas de manera “perversa” para que la prensa tomara nota.

“Esa es una provocación, está tratando de traer a colación constancias extraprocesales que nada tienen que ver con esta audiencia, entonces, me parece perverso que se venga a hacer estas manifestaciones con la finalidad de provocar una resolución de parte de usted”, le dijo al juez.

Por su parte, Miguel Ontiveros Alonso, también defensor, dijo que la FGR y Pemex los engañaron, al haber negociado durante meses un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio que de un día a otro tiraron por la borda, pese a la colaboración de Lozoya.

El litigante expresó su malestar porque su defendido aportó información de presuntos sobornos a legisladores y políticos de oposición, y que la FGR la usara para obtener órdenes de aprehensión y procesamientos, sin cumplirle con los beneficios ofrecidos.

“Se violentó su derecho al silencio, para hablar con la verdad, todo fue falso, todo fue un engaño. Les dieron la instrucción de la Presidencia de la República (para cancelar el acuerdo reparatorio), todo fue un engaño, hubo una injerencia política en un asunto judicial. Después, en lo ‘oscurito’ nos pidieron 30 millones de dólares para firmar el acuerdo”, dijo.

“Se le ha ingresado a prisión por una fotografía en un restaurante, eso es el derecho penal del enemigo, él es el enemigo y por eso está aquí. Esta actuación del Ministerio Público da para un efecto corruptor, se ha corrompido el proceso porque se le ha engañado al señor Lozoya”.

Este último intento de Lozoya para salir de prisión terminó pasada la media noche de ayer como todos los anteriores. No logró convencer a otro juez para concederle la libertad provisional.