Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El 8 de marzo, día en que se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, justicia y derechos humanos, el caso de Mayra Rocío Ojeda Chávez resuena como un hito en la batalla contra la violencia política de género en México. Su denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ha dado pie a una sentencia histórica emitida por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, marcando un precedente clave en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres.
Una Lucha por la Justicia
Mayra Ojeda, quien se desempeñaba como Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, enfrentó una serie de obstáculos para ocupar el cargo de Presidenta del partido en la entidad, pese a que los estatutos internos le conferían ese derecho tras la renuncia de Edgardo Melhem Salinas. Su ausencia física, justificada por una incapacidad médica por maternidad, fue utilizada como argumento para excluirla del proceso de sucesión, negándole su derecho a la representación política y vulnerando sus derechos partidarios.
En diciembre de 2022, Ojeda Chávez envió una carta a Alejandro Moreno en la que informaba sobre su incapacidad por maternidad, subrayando que dicha licencia no implicaba el abandono de sus funciones. Sin embargo, su comunicación fue ignorada, y en su lugar se designó un presidente provisional, contraviniendo los estatutos del partido. Esto motivó a la política tamaulipeca a interponer un juicio para la protección de sus derechos partidarios, argumentando que había sido víctima de violencia política de género.
Desde el inicio de su lucha, Mayra contó con el respaldo inquebrantable de su abogada Liz Luna Bueno, quien la acompañó en cada etapa del proceso legal. La sororidad y la red de apoyo entre ambas fueron fundamentales para enfrentar la discriminación y buscar justicia.
Una Sentencia Histórica
El caso escaló hasta el Tribunal Electoral de Tamaulipas, que el 5 de marzo de 2025 emitió una resolución en la que reconocía que Mayra Ojeda había sido víctima de violencia política de género por parte de Alejandro Moreno. Esta sentencia es la primera firme en su contra por este tipo de agresiones, aunque existen múltiples denuncias similares en otros estados.
La resolución confirma que se vulneraron los derechos político-electorales de Ojeda Chávez y establece la necesidad de sancionar estas prácticas que afectan la participación de las mujeres en la vida pública. Como consecuencia, la política tamaulipeca procederá a solicitar el desafuero de Alejandro Moreno ante la Cámara de Diputados y acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir su remoción de la dirigencia del PRI.
Violencia Política de Género: Una Realidad Sistémica
El caso de Mayra Ojeda no es aislado. La violencia política de género es una de las principales barreras para la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Este tipo de violencia se manifiesta en obstaculización del ejercicio de sus cargos, exclusión de procesos internos, descalificación pública y otras formas de discriminación que buscan perpetuar el dominio masculino en la política.
Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en los últimos años ha habido un incremento en las denuncias por violencia política de género, lo que evidencia que el problema persiste y requiere acciones contundentes. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Partidos Políticos establecen sanciones para quienes cometen este tipo de agresiones, pero su aplicación efectiva sigue siendo un reto.
Un Llamado a la Igualdad y la Justicia
La sentencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas es un avance significativo, pero también un recordatorio de que la lucha por la igualdad en la política no ha terminado. Mayra Ojeda ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y ha hecho un llamado a las autoridades para que hagan cumplir la resolución y apliquen las sanciones correspondientes.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, este caso cobra especial relevancia. La violencia política de género no puede quedar impune. La participación de las mujeres en la vida pública es fundamental para la democracia y la equidad. En este 8 de marzo, el caso de Mayra Ojeda nos recuerda que la lucha por un entorno político justo, incluyente y libre de violencia es una responsabilidad colectiva. Es momento de exigir que la ley se haga valer y que ningún acto de discriminación contra las mujeres en la política quede sin consecuencias.