Tamaulipas cerró el programa federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera con más de 480 mil unidades incorporadas al padrón vehicular, de acuerdo con datos expuestos por la diputada local Ana Laura Huerta Valdovinos, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso del Estado.
La legisladora señaló que el decreto presidencial, vigente desde 2022 y concluido en diciembre de 2025, permitió que la entidad se colocara entre los estados con mayor número de regularizaciones a nivel nacional.
Huerta Valdovinos explicó que los recursos generados por el pago único de 2 mil 500 pesos por unidad fueron destinados a obras de infraestructura vial en municipios tamaulipecos, principalmente a la rehabilitación y reencarpetamiento de calles y avenidas.
Aunque la cifra oficial deberá ser confirmada por la Secretaría de Finanzas, la diputada estimó que la recaudación obtenida en Tamaulipas superó los mil 200 millones de pesos durante la vigencia del programa.
El esquema permitió la importación definitiva de vehículos usados, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, siempre que hubieran ingresado a territorio nacional antes del 19 de octubre de 2021, conforme a los lineamientos establecidos en el decreto original.
Durante su aplicación, algunos propietarios que no cumplían con ese requisito recurrieron a juicios de amparo para acceder al beneficio, una práctica registrada principalmente en estados fronterizos, incluido Tamaulipas.
Con la firma del decreto que dio por terminado el programa y su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, los vehículos de procedencia extranjera que circulan en la entidad deberán apegarse nuevamente a las disposiciones generales de comercio exterior.
Estas normas contemplan el pago de aranceles, certificaciones ambientales y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos comerciales vigentes, incluido el T-MEC.
El cierre definitivo del programa impide iniciar nuevos procesos de regularización bajo este mecanismo, mientras que los trámites y recursos legales existentes quedan sujetos a revisión conforme al nuevo marco normativo aplicable en el estado.