De presentarse algún caso de presunta extorsión que involucre a elementos de la Guardia Estatal en carreteras de Tamaulipas, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Pancardo Escudero, señaló la importancia de que las personas afectadas presenten su denuncia para que los hechos puedan ser revisados y, en su caso, se determinen las responsabilidades correspondientes.
El funcionario explicó que la dependencia requiere información oficial para poder iniciar cualquier proceso de revisión que permita ubicar a los elementos involucrados y conocer con precisión las circunstancias de lo ocurrido.
“Yo quisiera que hubiera una denuncia para actuar de inmediato, porque si no tenemos denuncia no sabremos qué evento resultó ahí. Si me dicen esto, de inmediato Asuntos Internos intervendrá para hacer una suspensión o remoción del puesto”, declaró.
Pancardo Escudero afirmó que cualquier elemento policial que incurra en actos de corrupción será sujeto a un procedimiento interno que podría derivar en su suspensión o remoción del servicio, además de las acciones legales que correspondan.
En entrevista, el secretario aclaró que la Guardia Estatal no tiene facultades para detener vehículos en carreteras federales, salvo en casos de flagrancia delictiva.
Explicó que, fuera de esas situaciones, la función de los elementos estatales en vías federales es brindar apoyo y auxilio a la ciudadanía, mientras que las labores de inspección y vigilancia corresponden a las autoridades competentes.
Incluso, al ser cuestionado sobre si un automovilista puede continuar su marcha cuando una patrulla de la Guardia Estatal le marca el alto en una carretera federal, respondió que sí.
“Claro. Solamente que sea un hecho en flagrancia, ahí sí podemos actuar; si no, es apoyo y auxilio a la población”, sostuvo.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública insistió en que las personas que consideren haber sido víctimas de una extorsión o de cualquier conducta indebida por parte de elementos estatales pueden acudir a las instancias correspondientes para que Asuntos Internos realice la revisión y, en su caso, se apliquen las sanciones pertinentes