El Partido del Trabajo (PT) busca que los funcionarios municipales o aspirantes a cargos de elección popular que se encuentren sujetos a un proceso penal, pero sin una sentencia condenatoria firme, puedan permanecer en el cargo o participar en las elecciones, pese a la reforma al Código Municipal de Tamaulipas que actualmente se los impide.

El caso será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y podría sentar un precedente para todo el país.

Directivos del PT en Tamaulipas encabezados por el ex legislador Alejandro Ceniceros Martínez considera que (SCJN) solicitó nuevamente la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por ese instituto político contra la reforma aprobada por el Congreso del Estado.

El Tribunal Electoral analizará el expediente SUP-OP-11/2026, en el que se cuestiona el Decreto 66-1146, mediante el cual se modificó el Código Municipal para establecer que las personas vinculadas a proceso por un delito doloso y sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva no puedan ser candidatas a la presidencia municipal, sindicaturas o regidurías, ni permanecer en dichos cargos.

Según el PT esa disposición vulnera el derecho político-electoral de ser votado al imponer una restricción antes de que exista una sentencia condenatoria definitiva, lo que, desde esta perspectiva, contraviene el principio constitucional de presunción de inocencia.

“Esta reforma restringe el acceso y la permanencia en cargos municipales a personas vinculadas a proceso con prisión preventiva, aun sin una sentencia firme, situación que puede prestarse a afectar políticamente a posibles contendientes”, señaló.

El fondo del litigio consiste en determinar si la sola vinculación a proceso, acompañada de una medida cautelar de prisión preventiva, es suficiente para limitar el derecho de una persona a competir por un cargo de elección popular o continuar desempeñándolo, sin que previamente haya sido declarada culpable mediante una sentencia firme.

Aunque la opinión que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral no será obligatoria para la Suprema Corte, sí constituye un criterio técnico especializado en materia de derechos político-electorales que suele ser considerado por los ministros al resolver acciones de inconstitucionalidad.

La resolución definitiva que emita la SCJN podría tener repercusiones en todo el país, al definir el alcance del principio de presunción de inocencia frente a las restricciones para acceder o permanecer en cargos de elección popular, sirviendo como referencia para otras entidades que cuentan o pretendan aprobar disposiciones similares.