Después de que recibir del ayuntamiento de Reynosa la amenaza de desalojo y demolición de sus instalaciones que han brindado abrigo a la población migrante por más de 17 años, el albergue Senda de vida que dirige el pastor Héctor Silva, ha generado la solidaridad.
En este contexto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que preside Olivia Lemus, hace un pronunciamiento al tener conocimiento acerca de la intención de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Reynosa, de desalojar y demoler el albergue Senda de Vida.
Se destaca que el albergue se encuentra en funciones desde hace 17 años brindando atención durante su gestión a miles de personas migrantes que perseguían el denominado “sueño americano” o bien en la atención a personas repatriadas al país, prestando servicios de alojamiento, servicios de salud y seguridad entre otros aspectos básicos, a la vez colaborando con autoridades de los tres niveles municipal, estatal y nacional.
En el pronunciamiento público de la CODHET se expone que en razón de lo anterior y sin ánimo de prejuzgar, en observancia y protección de los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, así como a los principios pro persona y al interés superior de la niñez, emitió medida cautelar, con la finalidad de que se suspendan las acciones que se ordenan por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Reynosa.
Lo anterior hasta que en tanto se dilucide de manera clara y precisa la situación legal del inmueble ya referido, esto a través del procedimiento legal correspondiente a fin de evitar la consumación de los hechos violatorios de los derechos humanos de difícil o imposible reparación.
Se detalla que este centro asistencial en la actualidad acoge a más de 600 personas, entre las cuales se encuentran niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores, todos con la necesidad de atención prioritaria.
En este sentido , este organismo reitera su postura de defender los derechos de las personas que se encuentren en forma provisional o definitiva dentro del territorio del estado, como lo son el respeto a la vida, la dignidad de la persona , la libertad, la igualdad y la justicia , los cuales constituyen la base y el objeto de las instituciones públicas y sociales.
Lo anterior sin importar su origen étnico o nacional o situación migratoria, todas ellas tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados, las formalidades esenciales con base en los lineamientos nacionales e internacionales aplicables.