Altamira, Tamaulipas.- Una madre de familia denunció presunto abandono de obligaciones alimentarias por parte de su expareja, Rehel Jorge Cabrera Villalta, exelemento de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), a quien señala de incumplir durante años con la manutención de sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad.

Claudia de la Fuente Rivera relató que, después de separarse del exagente en septiembre de 2023 y formalizar su divorcio en febrero de 2024, comenzó a enfrentar dificultades económicas luego de que dejara de recibir directamente la pensión alimenticia que anteriormente se descontaba del sueldo del padre mediante un embargo.

Explicó que, debido a una incapacidad laboral prolongada del entonces elemento de la Fiscalía, entre mayo y junio de 2024 dejaron de llegar los depósitos.

A partir de entonces, aseguró, el padre se comprometió a entregar el dinero en efectivo para cubrir los gastos de sus hijos, pero comenzó a retrasarse y posteriormente dejó de cumplir de manera constante.

La situación se agravó cuando, en 2024, uno de sus hijos recibió un diagnóstico de retraso intelectual, trastorno del espectro autista grado 2, trastorno del procesamiento sensorial y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), luego de varios años de terapias y estudios que, afirmó, fueron cubiertos completamente por ella.

La madre señaló que el menor cuenta con credencial de discapacidad y requiere tratamiento psiquiátrico, terapias sensoriales y atención especializada para niños con autismo, gastos que se suman a la manutención cotidiana de ambos pequeños.

Aseguró que en repetidas ocasiones pidió al padre cubrir al menos la mitad de los estudios psicológicos y consultas con el paidopsiquiatra, pero únicamente recibía promesas de pago que no se concretaban.

De acuerdo con su testimonio, las aportaciones del progenitor se fueron reduciendo hasta llegar, durante los últimos dos meses, a apenas 33 pesos diarios por cada niño.

En meses anteriores, dijo, hubo periodos en los que entregaba alrededor de 15 pesos diarios por menor y otros en los que no aportaba absolutamente nada.

En su relato, Claudia de la Fuente también señaló que el 18 de junio de 2025 su expareja fue detenido en el condado de Hidalgo, Texas, cuando intentaba cruzar un vehículo que presuntamente contaba con reporte de robo, una camioneta GMC Sierra gris modelo 2023.

Indicó que permaneció detenido en Estados Unidos hasta el 8 de diciembre de ese año y regresó a Tampico el día 9. Según la denunciante, nuevamente se comprometió a entregar pensión alimenticia, pero tampoco cumplió con lo acordado.

La mujer agregó que durante el periodo en que el exagente permaneció incapacitado llegó a observar publicaciones en sus redes sociales y estados de WhatsApp donde aparecía en centros nocturnos, restaurantes y realizando actividades recreativas, mientras, aseguró, no cubría las necesidades de sus hijos.

Ante el incumplimiento, Claudia presentó en febrero de 2026 una denuncia por abandono de obligaciones alimentarias.

Sin embargo, afirmó que la carpeta permaneció estancada durante meses debido a que, cuando acudía a consultar su avance, le informaban que no había sido posible localizar al imputado para notificarlo.

La denunciante manifestó sus sospechas de que el exelemento pudiera tener relaciones personales con trabajadores de la institución, situación que, desde su perspectiva, habría influido en las dificultades para avanzar con el procedimiento.

No obstante, dijo no contar con elementos para acreditar una intervención de terceros.

Explicó que decidió acudir directamente con la coordinación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Abandono de Obligaciones Alimenticias (FENAM) en Tampico y que fue después de presentar su inconformidad cuando, en aproximadamente un mes, el señalado pudo ser notificado, rindió declaración y se programó una audiencia inicial.

En esa primera audiencia, relató, se le dio la oportunidad al imputado de acudir a mecanismos alternativos de solución de controversias, pero no se alcanzó ningún acuerdo debido a que, según ella, no aceptó las condiciones propuestas.

Posteriormente, al celebrarse una nueva fecha para la audiencia inicial, el señalado no se presentó y tampoco acudió la agente del Ministerio Público responsable de la carpeta, por lo que fue enviada otra representante que, según la denunciante, desconocía los antecedentes del expediente.

Durante esa diligencia, el abogado defensor argumentó que su representado tenía problemas de salud.

La jueza concedió un plazo para que se justificara la inasistencia, mientras Claudia manifestó que no era la primera ocasión en que su expareja recurría a problemas de salud para evadir responsabilidades.

La madre también refirió que, al terminar la diligencia, la representante del Ministerio Público le comentó que no debió mencionar un oficio relacionado con las incapacidades del exagente, pues ella desconocía ese antecedente al no ser la responsable original de la carpeta.

La situación, aseguró, no terminó ahí. El 3 de noviembre acudió nuevamente a la Fiscalía para preguntar por el seguimiento de la inasistencia y manifestó que no encontró respuesta ni una solicitud formal para que aportara el documento que la jueza había indicado debía integrarse al expediente.

Claudia de la Fuente dijo sentirse desesperada ante lo que considera una falta de atención institucional, pues mientras el procedimiento avanza lentamente, sus hijos continúan dependiendo prácticamente de sus propios recursos.

Advirtió que la reducción de las terapias de su hijo mayor ha afectado el seguimiento de su tratamiento, pese a que, de acuerdo con los especialistas que lo atienden, tiene posibilidades de alcanzar una vida adulta funcional si recibe durante su infancia la atención médica y terapéutica necesaria.

“Estoy desesperada porque el trato que he recibido no es el que debe recibir ninguna persona y menos una víctima”, expresó.

También cuestionó que el padre considere suficientes algunas compras ocasionales, como juguetes, comida o pizza, cuando, sostuvo, esas aportaciones no sustituyen la obligación legal de proporcionar una pensión alimenticia que garantice la manutención y el desarrollo de sus hijos.

La denunciante pidió que las autoridades den seguimiento efectivo a su carpeta de investigación, que se esclarezcan las razones por las que se han presentado retrasos y que se garantice el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, con especial atención a las necesidades del menor que vive con discapacidad.