El último amparo del alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, fue desechado por un juez federal, al considerar que no existe materia para brindarle la protección judicial.
AMPARO RECHAZADO
El Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas determinó, en el juicio de amparo 1022/2023, que no existen condiciones para brindarle protección ante la orden de aprehensión en su contra dentro de la causa penal CP/0017/2021.
La lista de acuerdos publicada en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) da fe de los intentos del alcalde de Reynosa de buscar a toda costa la seguridad judicial, pero todos le han sido rechazados, lo que ha provocado una dilación para la audiencia inicial.
El último proceso de amparo lo promovió contra el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales contra actos del Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, por la orden de aprehensión liberada en el 2021.
Makito tuvo que pagar la cantidad de 15 mil pesos el pasado primero de septiembre para que surtiera efecto una suspensión provisional y evitar ser detenido, pero esta semana el juez determinó que no existen condiciones para otorgarle el amparo.
“RESUELVE: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe”, se lee en el resumen de lo acordado por el juez.
Es preciso señalar que en el 2020, el abogado Marcelo Olán Mendoza denunció a Carlos Peña por el delito de enriquecimiento ilícito, al detectar la compra de un rancho de 1,500 hectáreas cuando el edil no comprobaba ingresos.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas por presunto lavado de dinero; el mismo expediente se presentó ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), con información adicional en la que se señala que el edil contaba con varios nombres y distintas actas de nacimiento con fechas diferentes.
La orden de aprehensión se liberó en mayo de 2021 por el delito de Recursos de Procedencia Ilícita; a partir de entonces, el alcalde ha promovido más de 15 amparos que le han permitido retrasar el juicio.
Al consultar a abogados en la materia, señalaron que el alcalde se busca victimizar con los jueces de distrito al acudir a los juzgados de Reynosa, Monterrey y Ciudad Victoria para evitar a toda costa la audiencia incidental ante el juez de
control, evitando, a su vez, que se ventile de dónde consiguió los millones de pesos para adquirir el inmueble, sin contar con ingresos que le permitieran comprarlos.