EL MANTE.- La contratación de obra pública del Ayuntamiento de El Mante presenta nuevas coincidencias que requieren una revisión de los procedimientos realizados durante la administración de Martha Patricia Chío de la Garza.

Una revisión de registros empresariales y expedientes de contratación muestra que Juverob y Romer del Norte, dos constructoras que recibieron contratos millonarios del municipio, fueron constituidas el mismo día, ante el mismo notario y mediante escrituras consecutivas.

Entre ambas empresas suman cinco contratos por 10 millones 627 mil pesos durante el actual gobierno municipal.

Las coincidencias comienzan desde la creación de las compañías y continúan en los procesos mediante los cuales obtuvieron diversas obras, pues en al menos dos fechas ambas aparecen como ganadoras de concursos consecutivos.

Estos elementos no permiten afirmar por sí mismos que haya existido un acuerdo entre las empresas, pero plantean preguntas sobre la independencia de los participantes y las condiciones de competencia en los procedimientos.

LAS DOS EMPRESAS NACIERON EL MISMO DÍA

Los registros consultados establecen que Romer del Norte y Juverob fueron constituidas el 18 de octubre de 2016.

Las dos sociedades fueron formalizadas ante el notario público número 40 de El Mante, Luis Ángel Guevara Martínez.

Romer del Norte quedó asentada en la escritura pública número 7358, mientras que Juverob aparece en la escritura 7359, es decir, en documentos notariales consecutivos.

La coincidencia continuó en el Registro Público de Comercio; ambas fueron inscritas el 9 de noviembre de 2016, con una diferencia de apenas nueve minutos entre un registro y otro. También comparten a la misma comisaria, Juanita Saucedo Frías.

Las dos empresas fueron constituidas con un capital social de un millón de pesos, bajo una distribución accionaria de 70 y 30 por ciento.

El interés surge al contrastarlas con la participación posterior de ambas constructoras en los concursos de obra pública del Ayuntamiento de El Mante.

CONTRATOS PARA LAS DOS CONSTRUCTORAS EN LAS MISMAS FECHAS

El 25 de junio de 2025, Juverob obtuvo el concurso número 005 del FAISMUN para trabajos de rehabilitación de drenaje, con un contrato por 2 millones 180 mil pesos.

Ese mismo día, Romer del Norte resultó ganadora del concurso 006, por un millón 125 mil pesos.

La coincidencia volvió a presentarse meses después: El 2 de octubre de 2025, Juverob ganó el concurso 026 para trabajos de pavimentación asfáltica, por 2 millones 40 mil pesos. En el procedimiento siguiente, identificado como concurso 027, Romer del Norte obtuvo otro contrato para pavimentación por 2 millones 329 mil pesos.

La revisión de los concursos municipales también muestra diferencias económicas particularmente reducidas entre algunas de las ofertas presentadas por los participantes.

Uno de los casos corresponde al concurso 025 del FAISMUN, realizado en diciembre de 2025; en ese procedimiento participaron Andrea Castilleja González y Construcciones y Servicios Integrales AYR-GON.

Ambos proveedores tienen registrado el mismo domicilio fiscal: Calle Ficus 206, en El Mante.

Sus propuestas económicas tuvieron una diferencia de apenas mil 360 pesos, pese a que el monto de la obra superaba los tres millones de pesos.

El dato es relevante al considerar que se trata de dos participantes registrados con el mismo domicilio fiscal.

También se encontraron coincidencias en otros procedimientos: En los concursos 014 y 015, correspondientes a obras diferentes y con distintos ganadores, la diferencia porcentual entre la propuesta que obtuvo el contrato y la segunda oferta fue exactamente de 0.539 por ciento en ambos casos. 22 concursos presentan un comportamiento que merece revisión.

El análisis comprendió 25 concursos municipales en los que se encontraban disponibles los montos de las propuestas económicas. En 22 de esos 25 procedimientos, las ofertas de las empresas que no obtuvieron el contrato quedaron más cerca entre sí que de la propuesta ganadora.

En otros ocho concursos se encontró otra característica, la distancia económica entre el primero y segundo lugar fue aproximadamente tres veces mayor que la diferencia registrada entre el segundo y tercer participante.

Los contratos revisados corresponden a procedimientos de obra pública del Ayuntamiento de El Mante y varios de ellos fueron financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

En los procesos intervienen distintas áreas del gobierno municipal, entre ellas la Dirección de Obras Públicas, encabezada por Pedro Alberto González Ángeles, y la Tesorería Municipal, a cargo de Rigoberto Rodríguez Rangel.

La legislación estatal permite que determinadas obras sean contratadas mediante procedimientos distintos a la licitación pública, como la invitación a cuando menos tres personas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Por ello, la revisión tendría que considerar cada expediente completo, empresas invitadas, documentación presentada, propuestas económicas, dictámenes, criterios de evaluación y argumentos utilizados para seleccionar a los ganadores.

También tendría que verificarse que los participantes hayan actuado como empresas independientes y que existieran condiciones reales de competencia.

Los datos encontrados pueden ser revisados por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (ASE), mediante la fiscalización de los expedientes correspondientes.

La revisión permitiría establecer si los concursos cumplieron con las disposiciones legales, si las empresas acreditaron los requisitos establecidos y si las propuestas fueron evaluadas conforme a las reglas de cada procedimiento.

Los hallazgos se suman a los cuestionamientos que ya existen sobre la contratación de obra pública durante el gobierno de Patty Chío, particularmente por la participación de proveedores que comparten domicilios fiscales.

La información disponible permite documentar las coincidencias, pero no acredita por sí misma corrupción, colusión o un acuerdo ilegal entre las empresas.

La fiscalización de la ASE podría determinar si los procedimientos cumplieron con la ley y, en caso de encontrar anomalías, establecer las responsabilidades correspondientes.