Varios automovilistas han denunciado abusos por parte de grúas y corralones, incluyendo cobros excesivos y prácticas corruptas. Algunos señalan que los vehículos son retenidos por periodos prolongados, incluso después de pagar los cargos.
La Diputada Guillermina Magaly Deándar Robinson, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 14 quinquies a la Ley de Tránsito del Estado, con el objetivo de garantizar que ninguna ciudadana o ciudadano sea obligado a pagar servicios de grúa y depósito vehicular, cuando se determine que no existió infracción o delito que justificara el arrastre de su automóvil.
Y es que en todo el país incluyendo Tamaulipas empresarios del autotransporte, automovilistas y ciudadanos en común aseguran que el reglamento para el servicio de arrastre de grúas tiene una laguna porque permite a las grúas decidir cuánto cobrarle al transportista en un accidente o simplemente en calles y avenidas.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente, busca establecer una norma clara que salvaguarde los derechos de los propietarios de vehículos ante actos administrativos indebidos por parte de las autoridades de tránsito.
Uno de los problemas más frecuentes y sensibles para quienes poseen un automóvil es el remolque injustificado de vehículos particulares, ya sea por errores de criterio o por procedimientos mal ejecutados.
“En muchos casos, los ciudadanos deben cubrir tarifas de grúa y pensión vehicular, aun cuando posteriormente se determine que no existió ninguna falta administrativa. Esta situación representa una clara injusticia que no solo afecta el bolsillo de las personas, sino que también normaliza el abuso institucional”, agregó.
Deándar Robinson explicó que, en los casos en que se acredite que el arrastre fue injustificado, la persona afectada no deberá cubrir los costos correspondientes. Asimismo, si el pago ya fue efectuado, tendrá derecho a la devolución del mismo.
Esta medida tiene como finalidad disuadir actos arbitrarios, brindar certeza jurídica a la ciudadanía y fortalecer la responsabilidad institucional de las autoridades viales.