Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó avances que apuntan a que la bala que mató a Aranza, la niña de siete años fallecida durante un operativo de seguridad en Matamoros, salió de un arma larga calibre 7.62 que era transportada en el helicóptero de la Guardia Estatal.

Sin embargo, pese a que los cuatro elementos que viajaban en la aeronave están identificados, ninguno ha sido detenido y continúan en activo.

El fiscal general de Justicia, Eduardo Govea Orozco, informó que los peritajes de balística se encuentran muy avanzados y permiten establecer la correlación entre el proyectil recuperado y el arma de la que fue disparado.

Detalló que en el helicóptero viajaban cuatro elementos, el piloto que estaba concentrado en tripular la aeronave, y otros tres que portaban armamento reglamentario, tanto armas largas como cortas.

Precisó que el arma de interés para esclarecer la muerte de la menor es una larga calibre 7.62, lo que coloca el armamento de la corporación estatal en el centro de las investigaciones.

Pese a estos avances, Govea Orozco reconoció que hasta el momento no hay policías detenidos por el caso y que los cuatro elementos continúan en activo, mientras la Secretaría de Seguridad Pública realiza un procedimiento interno a través de su área de Asuntos Internos.

“Nosotros estamos persiguiendo lo pertinente para obtener los mandamientos judiciales concernientes al ejercicio de la acción penal”, declaró.

También fue cuestionado sobre por qué los policías no han sido detenidos, considerando que ya están identificados y existen elementos balísticos y otras evidencias que forman parte de la investigación.

El funcionario insistió en que las decisiones judiciales dependerán de los resultados de las diligencias, aunque no precisó cuándo podrían solicitarse las órdenes correspondientes.

Otro punto pendiente es determinar si las responsabilidades alcanzarán a los mandos que participaron en la planeación y ejecución del operativo, particularmente a quienes tomaron las decisiones sobre el sobrevuelo y el uso de armas de fuego.

Sobre esta posibilidad, el fiscal señaló que los cuestionamientos son pertinentes y que la investigación debe analizar todo el contexto del operativo, aunque evitó anticipar quiénes podrían enfrentar responsabilidades.

El fiscal rechazó que la muerte de Aranza pueda considerarse un “daño colateral”.

“Hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne”, sostuvo.

Mientras la Fiscalía avanza en los peritajes, la madre de Aranza, Claudia, asegura que no ha recibido información sobre quién disparó, cómo ocurrieron los hechos ni qué ha pasado con los policías involucrados.

Govea Orozco reconoció que sus expresiones están justificadas y aseguró que hubo comunicación con ella durante los primeros momentos de la investigación.

También dijo tener conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública le brinda acompañamiento y cubre gastos médicos.