La Contraloría Gubernamental informó que cuenta con cerca de mil expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS); de ellos, un alto porcentaje corresponde a procesos iniciados contra Servidores Públicos que no cumplieron con su Declaración Patrimonial en los períodos correspondientes.
Con base en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades del Estado de Tamaulipas, se establece que serán sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses ante la Contraloría, o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los servidores públicos que formen parte de la administración.
Este procedimiento establece por ley, un sistema que cotejaría los bienes que tenían los funcionarios al inicio del actual gobierno en octubre del 2022 con su última declaración patrimonial de este mismo año.
Por tanto, para el año 2024, la Contraloría Gubernamental a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo intensificará el trabajo a fin de alcanzar a 80 mil servidores públicos para que cumplan con su obligación.
“A la llegada de la presente administración estatal, encontramos que sólo treinta mil personas servidoras públicas presentaban su declaración patrimonial, un alto porcentaje de los que no cumplieron, forman parte de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS) iniciados”, dijo.