Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, Eva Reyes González, destacó la importancia de establecer una comunicación más clara y eficaz entre los colectivos, las autoridades y la sociedad civil para evitar confusiones y ofrecer respuestas más precisas a las víctimas.
Explicó que, durante una reunión con colectivos de búsqueda en Reynosa, se externó la preocupación por la falta de claridad en los datos proporcionados, lo que generó desconfianza entre las organizaciones.
“Es fundamental contar con un reglamento unificado para los colectivos, que les indique claramente cuáles son sus derechos, responsabilidades y limitaciones”, señaló.
Además, subrayó la necesidad de tener enlaces oficiales con las instituciones encargadas de la búsqueda de víctimas, como las comisiones de búsqueda y las autoridades encargadas de la defensa de los derechos humanos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos también abordó el tema de los campos de exterminio, término utilizado legalmente para referirse a los lugares donde se cometen crímenes como la desaparición forzada, donde los cuerpos de las víctimas son desmembrados o calcinados para borrar cualquier rastro.
Al respecto, la diputada defendió el uso de este término, a pesar de que genera temor en la sociedad debido a su asociación con épocas históricas trágicas como el Holocausto.
“Es un vocablo autorizado por los tratados internacionales, y es crucial utilizarlo para entender la magnitud del problema”, comentó.
Además, la diputada destacó que la desaparición forzada es un fenómeno que afecta a todo el país, no solo a Tamaulipas, y que es necesario abordar el tema desde una perspectiva nacional.
“La desaparición forzada ha crecido a nivel mundial, y los colectivos de víctimas deben trabajar juntos, independientemente de si están registrados oficialmente o no, para poder enfrentar este problema de manera más efectiva”, agregó.
En cuanto a la percepción de las autoridades, Reyes González expresó que no se debe minimizar la gravedad de la situación, a pesar de que algunos funcionarios, han negado la existencia de crematorios o fosas clandestinas en el Estado.
La diputada destacó que “es crucial que las autoridades reconozcan la magnitud de los problemas y trabajen de manera más abierta y comprometida con los colectivos”.
Tambien señaló que en muchos casos los restos encontrados en fosas clandestinas son propiedad privada, lo que complica las investigaciones.
Por último, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos enfatizó que la atención a las víctimas de desaparición forzada y otras víctimas de violencia debe ser integral y considerar todos los tipos de víctimas, no solo a las personas desaparecidas.
“Debemos pensar en el universo de víctimas en su conjunto, porque la violencia afecta a toda la sociedad, y es urgente que trabajemos en soluciones claras y eficientes para todos”, concluyó.