Tamaulipas tiene nuevo Zar Anticorrupción en la persona de Jesús Eduardo Govea Orozco, quien rindió protesta este día ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Raúl Ramírez Castañeda, fue suspendido por el mismo órgano, en una acción que el Grupo Parlamentario de Morena calificó como “defensa de la observancia de la Constitución Federal en materia de Procuración de Justicia y Seguridad Pública”.

El resolutivo, establece que este es el inicio de un procedimiento, en el que se respetan los derechos del titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado, Raúl Ramírez Castañeda, salvaguardando el debido proceso en todo momento y obedece al hecho de haber perdido los requisitos de elegibilidad, para mantenerse en el cargo.

“Este Congreso del pueblo se encuentra facultado para actuar, conforme a la Constitución Local, para nombrar al titular de esta dependencia y, por ende, también para vigilar y supervisar que en el caso de aquellos servidores públicos que le compete nombrar, también le compete vigilar y supervisar que el requisito de permanencia se cumpla”, estableció la diputación permanente.

La facultad de desahogar los procedimientos de separación a ministerios públicos tamaulipecos que carecen de superior jerárquico por el incumplimiento a un requisito de permanencia simple y sencillamente, no está concedida a ningún ente o funcionario federal del Estado Mexicano” refirió y aludió al mandato constitucional previsto por los artículos 21 y 123 fracción XIII de que estos deben ser separados de sus cargos en caso de situarse en ese supuesto.

Del procedimiento se aclaró que respetando el debido proceso, primero se hace la notificación del inicio y sus consecuencias, seguido de la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; a oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, sin trastocar las garantías de audiencia.

“Lo que el día de hoy vimos, es solo la medida cautelar, que se le impone dentro del citado procedimientos, de tal forma que se solicitó a la Diputación Permanente, separarle provisionalmente del cargo, sin que ello se traduzca en una decisión definitiva que modifique la situación jurídica del ciudadano en mención.