Tamaulipas podría abrir una nueva ruta para la atracción de inversiones y generación de empleos con el impulso al sector minero, luego de que el Gobierno del Estado propusiera ampliar las facultades de la Secretaría de Desarrollo Energético para incorporar acciones de fomento y promoción de esta actividad.
La iniciativa, presentada por el gobernador Américo Villarreal Anaya ante el Congreso del Estado, plantea modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública para que la dependencia estatal pueda participar en acciones de promoción, vinculación e impulso económico relacionadas con los recursos minerales que no sean competencia exclusiva de la Federación.
El planteamiento parte de un escenario marcado por la transición energética y la creciente demanda internacional de minerales considerados estratégicos, por lo que Tamaulipas busca aprovechar sus condiciones de infraestructura, ubicación geográfica y potencial de recursos para explorar nuevas oportunidades económicas.
De aprobarse la reforma, la Secretaría de Desarrollo Energético tendría entre sus atribuciones establecer, conducir y coordinar la política energética y de fomento minero del Estado, además de promover inversiones y proyectos vinculados con el desarrollo sustentable de esta actividad.
La propuesta contempla también la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, los municipios, así como los sectores privado y social, con el propósito de generar condiciones para el desarrollo de proyectos mineros dentro del marco legal correspondiente.
Entre los posibles beneficios señalados en la iniciativa se encuentran la generación de empleos, atracción de capital, desarrollo regional y fortalecimiento de cadenas productivas relacionadas con la construcción, manufactura, infraestructura y sector energético.
El proyecto también incorpora criterios de sustentabilidad, economía circular, eficiencia energética y protección ambiental, además de contemplar estudios de prospección geológica e investigaciones relacionadas con los sectores energético y minero.
Otro de los puntos planteados es que la dependencia pueda gestionar recursos públicos y privados, nacionales o internacionales, destinados a proyectos energéticos y de fomento minero, así como participar en fondos, fideicomisos y empresas de participación estatal mayoritaria vinculados con estos sectores.
La iniciativa, sin embargo, establece como límite que todas estas acciones deberán desarrollarse respetando las facultades exclusivas de la Federación y mediante la coordinación correspondiente con las autoridades federales.
De esta manera, el Gobierno de Tamaulipas busca ampliar el campo de acción de su política energética y colocar al sector minero como una posible nueva vertiente para la inversión, el empleo y el desarrollo regional.