Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un esfuerzo por restituir a los tamaulipecos lo que les fue arrebatado por prácticas irregulares en el pasado, el Gobierno del estado, a través de la Consejera Jurídica Tania López Contreras, confirmó la revocación definitiva de la expropiación de 42 hectáreas en La Pesca, Soto la Marina. Esta medida devuelve a los propietarios originales la posesión de sus tierras, mismas que habían sido expropiadas bajo el mandato del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el pretexto de impulsar un desarrollo turístico.
La funcionaria estatal detalló que, tras un prolongado litigio, el juez primero de distrito falló a favor de los propietarios en 2023, obligando al actual gobierno a revocar el acuerdo expropiatorio publicado en septiembre de 2021. “La expropiación bajo la excusa de preservar el medio ambiente y promover un turismo sustentable era solo una fachada que ocultaba intereses privados”, subrayó López Contreras.
“El acuerdo expropiatorio quedó anulado; por lo tanto, los derechos de los anteriores propietarios han sido restaurados. Si en algún momento se considera un nuevo proyecto de desarrollo, se tendrá que iniciar desde cero y con total transparencia”, puntualizó la consejera jurídica.
La funcionaria también explicó que algunas personas habían adquirido propiedades con base en el acuerdo expropiatorio anterior, pero estos intentos de legitimar la apropiación fueron detenidos por el fallo judicial que favoreció a los pobladores de La Pesca. A pesar de que en un primer momento se les había otorgado una suspensión a los compradores, la misma fue revocada al comprobarse que se trataba del cumplimiento de una orden jurisdiccional.
“Lo que estamos viendo es la restitución de tierras a sus legítimos dueños y un compromiso con la justicia. Devolver lo que se expropió ilegalmente es una muestra de que este gobierno está comprometido con la transparencia y con la gente de Tamaulipas”, concluyó López Contreras.
Esta acción refleja la determinación del gobierno actual para combatir la “delincuencia de cuello blanco” y corregir los abusos del pasado, asegurando que el patrimonio de los tamaulipecos no sea utilizado para beneficios privados bajo falsas promesas de desarrollo.