La iniciativa para sancionar el abandono, suspensión o cancelación injustificada de obras públicas en Tamaulipas ya se encuentra en estudio legislativo, luego de ser presentada ante el Pleno del Congreso por la diputada Francisca Castro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena.

La propuesta busca adicionar un segundo párrafo al inciso A del artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, con el fin de que cualquier persona afectada pueda exigir indemnización directa cuando una obra pública sea dejada inconclusa sin justificación técnica o legal.

En la exposición de motivos, la legisladora advierte que actualmente la ley no contempla de manera específica el abandono injustificado de obras como una actividad administrativa irregular, lo que ha permitido que proyectos como escuelas, hospitales, vialidades o sistemas de agua potable queden suspendidos indefinidamente sin reparación para las comunidades.

Este fenómeno ha provocado afectaciones económicas, riesgos a la seguridad, retraso en el acceso a derechos básicos e incremento de desigualdades, principalmente en zonas vulnerables.

La propuesta recuerda que la Auditoría Superior de la Federación ha reportado múltiples obras inconclusas con recursos ya ejercidos, mientras que organismos como el Banco Mundial y la OCDE alertan que la infraestructura abandonada genera pérdida de inversión y daño social.

La diputada subraya que otras entidades del país, como Querétaro, Chihuahua y Ciudad de México, ya castigan legalmente este tipo de omisiones, lo que convierte a Tamaulipas en un estado que requiere armonizar su normativa.

Por tratarse de una modificación a una ley estatal, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis técnico, jurídico y de impacto presupuestal, donde se prevé la elaboración del dictamen correspondiente.