Los partidos políticos con presencia en Tamaulipas también quedaron bajo la lupa tras el proceso de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), que concluyó la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio 2024 e impuso sanciones por más de 706.9 millones de pesos a institutos políticos nacionales y locales en todo el país.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE se informó que se revisaron 553 informes financieros presentados por siete partidos políticos nacionales, 105 partidos locales y 67 Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), detectándose diversas irregularidades en el manejo y reporte de recursos.
Del monto total de sanciones, 633 millones de pesos corresponden a partidos políticos nacionales, mientras que 73.5 millones de pesos fueron aplicados a partidos locales, derivado principalmente de egresos no comprobados, gastos no reportados y uso de recursos sin objeto partidista comprobable.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE a nivel central, Jaime Rivera Velázquez, informo que la revisión financiera de los partidos implica un proceso complejo de verificación contable y documental, donde se analizan registros, comprobantes y reportes que los institutos políticos están obligados a presentar conforme a la ley.
Uno de los aspectos relevantes del proceso es que el dinero recaudado por sanciones no regresa a los partidos políticos, sino que se canaliza a organismos estatales de ciencia y tecnología, lo que podría traducirse en recursos adicionales para proyectos científicos y de innovación en entidades como Tamaulipas.
Esto significa que las multas derivadas de irregularidades en el financiamiento político terminan convirtiéndose en fondos para el desarrollo científico en los estados.
En la misma revisión, el INE analizó los informes de 67 Agrupaciones Políticas Nacionales, de las cuales 55 cumplieron con entregar su reporte, mientras que 12 fueron omisas, lo que derivó en la cancelación del registro de 11 agrupaciones.
Además, 35 agrupaciones recibieron amonestaciones públicas por irregularidades administrativas relacionadas con faltas formales en la presentación de sus informes.