El nuevo Poder Judicial de Tamaulipas no replicará los excesos que en su momento fueron señalados en otras instancias del país, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde algunos ministros contaban con hasta 70 personas de apoyo.

En cambio, la actual administración encabezada por Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, busca consolidar una estructura basada en la eficiencia, austeridad y redistribución de recursos humanos.

Contreras López explicó que desde su llegada al cargo se emprendió un proceso de reorganización interna con el objetivo de optimizar el personal existente y fortalecer las áreas más necesitadas.

“Lo que hemos hecho es una redistribución. Hay áreas de nueva creación que requieren personal, y para que puedan funcionar tomamos recurso humano de zonas donde era posible reasignarlo. En el Poder Judicial del Estado lo hemos dicho con claridad: falta personal”, puntualizó.

En total, el Poder Judicial del Estado cuenta con alrededor de dos mil trabajadores, distribuidos en el Supremo Tribunal, los juzgados civiles, familiares, menores, centros de ejecución de adolescentes y sedes regionales de justicia.

Actualmente, los juzgados del estado operan con entre 8 y 11 trabajadores por unidad, cifra que resulta limitada para la carga de trabajo que enfrentan. Además, existen jóvenes meritorios que colaboran sin salario fijo; sin embargo, recientemente se firmó un convenio para otorgarles un apoyo económico, en el marco de un programa nacional impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante un diagnóstico realizado en los distintos juzgados, se identificaron necesidades específicas en materia de personal “Hay juzgados que requieren más secretarios proyectistas, otros necesitan oficinistas o personal en el área de acuerdos. Por eso estamos haciendo una evaluación puntual que servirá para proyectar un incremento de la plantilla hacia 2026”, detalló.

La presidenta destacó además que se trabaja en la implementación de herramientas digitales e inteligencia artificial para optimizar los procesos judiciales y reducir tiempos administrativos, aunque aclaró que la labor jurisdiccional sigue dependiendo en gran medida del factor humano.

“No se trata de inflar nóminas, sino de fortalecer al Poder Judicial con personal suficiente, capacitado y comprometido con la justicia. No habrá excesos, solo eficiencia”, subrayó.